Acción de tutela contra juez que demora sin justificación alguna el trámite de un proceso o de cualquier otro asunto puesto a su conocimiento

Los abogados litigantes enfrentamos frecuentemente la impaciencia de los clientes que se molestan porque sus procesos no avanzan en los juzgados con la celeridad que ellos y nosotros quisiéramos. Y no faltan quienes nos piden que acusemos al funcionario judicial ante el órgano que los disciplina, bajo el cargo de ser negligentes, lentos o favorecedores de la contraparte,  o para que acudamos a la acción de tutela aduciendo violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, etc., a lo cual casi siempre nos negamos. Unas veces  por considerar que las demoras generalmente son producto de la enorme congestión que registran los despachos judiciales, y otras veces porque en la relación costo-beneficio  el acento por lo general está en el costo, y la verdad sea dicha, a ningún abogado le conviene entrar en  ese tipo de contrariedades con quien le va a resolver sus negocios.

Pero existe otra razón, igualmente poderosa: la mayoría de las veces las acusaciones terminan en nada, pues el operador judicial se esmerará en probar que la demora  se debe a la excesiva carga que soporta su Despacho. Y lo propio ocurre con la tutela, pues tan una vez el funcionario se entera de que ha sido acusado impulsa el proceso y por tanto, cuando el juez de tutela va a resolver sobre la demanda, el hecho que dio lugar a la solicitud de amparo ya ha sido superado.

La situación que se viene de referir tuvo cabal desarrollo en el siguiente caso que extraigo de la vida real y que fue recogida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC 16773- 2015, del 4 de diciembre de 2015, M. P. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo.

El doctor Javier Elías Arias Idárraga promovió ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, acción de amparo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, aduciendo violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido  proceso, y a la «debida» administración de justicia, supuestamente desconocidos por el Juzgado en comento, al no admitir dentro de los términos correspondientes, la acción popular que promovió contra el Centro de Servicios Crediticios, ubicado en la Carrera 23 No. 20-49 de la ciudad de Pereira.

En tal virtud, solicitó que se ordenara al Juzgado convocado, que de manera inmediata resolviera sobre la admisión o no de su acción con términos perentorios  y, además, que se remitiera copia de su tutela ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, a fin de que los mismos se enteraran del proceder del accionado.

Indicó el demandante que pese a los términos dispuestos en los artículos 5, 17 y 84 de la Ley 472 de 1998 y la ley 734 de 2002, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, no había admitido hasta ese momento la acción judicial mencionada, circunstancia que vulnera los derechos fundamentales invocados.

El Juez Segundo Civil del Circuito de la citada ciudad, manifestó que, a pesar de que ha tenido que dar prioridad a asuntos de mayor importancia como son tutelas de primera y segunda instancia, consultas y habeas corpus, ya se pronunció dentro de la acción popular  que promovió el accionante, razón por la cual, se encuentra superada la causa por la cual se invocó el amparo constitucional.

El Procurador Judicial II para Asuntos Civiles, señaló que el amparo resultaba improcedente dado que el mencionado despacho judicial ya se había pronunciado respecto de la admisión de la acción judicial que se censuraba.

El Juez Constitucional de primera instancia desestimó la protección invocada, tras advertir que el Juzgado convocado había acreditado que la demanda popular ya había sido admitida, concluyendo que  en este caso no se configuraba la vulneración de derecho fundamental alguno al accionante, como quiera que la actuación por la que se dolía ya se  había  surtida, sin que se hubiesen desplegado actuaciones arbitrarias o desproporcionadas desde lo jurídico.

El accionante apeló el fallo del Tribunal.

El asunto subió a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia quien confirmó el fallo impugnado.

En sustento de su decisión señaló la Corte que la acción instaurada por el interesado “(…) no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

Y agregó que:

“No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo,  puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

Y más adelante señaló:

“(…) Sin embargo, de los elementos de convicción obrantes en las presentes diligencias no se advierte que la autoridad convocada hubiese incurrido en la falla endilgada, (…)

Y finalmente puntualizó:

“para abundar en razones desestimatorias, téngase en cuenta que el Juzgado convocado mediante proveído proferido el 16 de junio pasado, admitió para su conocimiento la acción constitucional incoada por el gestor del amparo, luego entonces, se advierte que si bien la autoridad convocada, ya en el trámite de la acción de tutela, y antes del fallo de primer grado, emitió un pronunciamiento y ello era lo que perseguía el interesado, dicha circunstancia impone confirmar lo decidido por encontrarse superado el hecho que motivó el amparo, por lo que ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento, en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan características diferentes a las iniciales”

 

Y sobre la petición del accionante de que se remitiera copia de su tutela a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación y al Fiscal General de la Nación con el fin de que se enteraran del proceder del accionado,  señaló la Corte que “la función del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias, sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisión o por acción»

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Una opinión
  1. Carlos Garcia dice:

    Buenas NOches
    Soy parte demandante en un proceso divisorio, el cual paso del juzgado original a un juzgado de descongestión (cuando existian), desde el momento de ese cambio elproceso ha estado congelado mas de un año. ¿Que puedo hacer?, cada vez que voy al juzgado donde esta el proceso me dicen que "está por entrar al despacho" y el abogado que me representa se desapareció y no volvió a tener ningun contacto. No entiendo cual es la conclusión del articulo publicado, ¿que es lo mejor que se puede hacer cuando un juzgado le demora un proceso?

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