Acción para hacer efectivo el cumplimiento de lo señalado en un acto administrativo

Hay autoridades que pueden negarse a cumplir lo contenido en un acto administrativo, para evitar abusos al respecto se creó la ley 393 de 1997 a través de la cual se puede exigir  el cumplimiento, ya sea de un acto administrativo o de una ley ante una autoridad judicial por medio de la acción de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la mencionada ley el cual expresa lo siguiente:

“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”

Esta acción tiene rango constitucional al encontrarse consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia; la acción de cumplimiento procede contra cualquier omisión, acción o hecho de una autoridad que genere incumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, también procede contra particulares, siempre y cuando el particular actué en ejercicio de funciones públicas, pero solamente en razón del cumplimento de la mismas.

Además para que proceda la acción de cumplimiento es necesario que concurran los siguientes requisitos:

  • Que se exija el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
  • Es necesario que el accionante previamente solicite a la autoridad el cumplimiento ya sea de la norma con fuerza material de ley o del acto administrativo, y esta haya insistido en el incumplimiento o transcurridos diez días no haya resuelto la solicitud, es decir, se debe probar la renuencia al cumplimiento.
  • No procede para la protección de derechos fundamentales, ya que estos pueden ser protegidos a través de la acción de tutela, o cuando exista otro medio judicial para obtener el cumplimiento de la norma o del acto administrativo.

Por último hay que señalar que la Corte Constitucional ha definido normas con fuerza material de ley, a aquellas normas que regulan cuestiones de carácter general, abstracto e impersonal, y por su parte la doctrina ha definido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración.

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