Amparo de pobreza aplica excepcionalmente a personas jurídicas

Según la sección cuarta del Consejo de estado el amparo de pobreza aplica de forma excepcional también a las personas jurídicas, por lo que una sociedad que se encuentre en situación que le merezca, puede solicitar que se le conceda.

El amparo de pobreza está contenido en el artículo 151 del código procedimiento civil (160 en el  antiguo código) y en principio, y hasta hace un tiempo, se aplicaba exclusivamente a las personas naturales, y en lo que nos interesa, esto es, en aspectos tributarios, esa figura ha sido extendida también a las personas jurídicas según la jurisprudencia de la sección cuarta del Consejo de estado:

De la lectura del artículo 160 del C.P.C. (aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo), se concluye que el amparo de pobreza es un beneficio previsto expresamente para las personas naturales, posición que ha sido reiterada por la Sala en diferentes oportunidades. No obstante en auto del 12 de abril de 2007, exp. 16377 C.P. Dra. Maria Inés Ortiz Barbosa la Sala recogió la anterior tesis, aceptando la posibilidad de que las personas jurídicas, en cada caso concreto, accedan al mismo, bajo el supuesto de que los derechos a la igualdad y al acceso a la administración de justicia también les son predicables. En consecuencia en esta oportunidad se reitera lo allí expresado. Para la Sala, a través de esta institución, la persona en situación económica ciertamente precaria, puede solicitar al juez de conocimiento que le conceda el beneficio y por ende, ser exonerado o relevado de gastos judiciales, como la caución. Cabe precisar que la institución del amparo de pobreza tiene como finalidad garantizar y hacer efectiva la igualdad de las partes ante la ley dado que el Estado, al asumir el riesgo del proceso, confiere la oportunidad y el derecho de acudir a la administración de justicia a quien carece de recursos económicos. En todo caso la posibilidad de que las personas jurídicas accedan al amparo de pobreza es excepcional, debiéndose valorar en cada situación particular su verdadera situación financiera conforme a los medios probatorios allegados para tal fin.”

Resulta oportuno precisar (por la fecha de la sentencia) que hasta el momento no conocemos una sentencia que cambie la línea  jurisprudencial de la sección cuarta del Consejo de estado, por lo que esta sigue siendo vigente.

Es importante también precisar que las normas referidas en la sentencia corresponden al artículo 151 del código de procedimiento civil vigente (Ley 1564 de 2012), y al 306 del nuevo código contencioso administrativo, esto es, la ley 1437 de 2011, que en su esencia no sufrieron cambio alguno.

Esta puede ser una alternativa para el contribuyente que sabiendo tener la razón y no tiene recursos para enfrentar un proceso judicial en la vía contencioso administrativa, pueda acogerse a ella.

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