Análisis del proyecto de Reforma Tributaria V: La base gravable del impuesto a la riqueza

El artículo 4 del proyecto de ley de reforma tributaria señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 4. Adiciónese el Artículo 295-2 al Estatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 295-2. Base Gravable. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 en el caso de personas jurídicas y sociedades de hecho, y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, determinados conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes: (…)”

Ahora bien, los lineamientos generales del impuesto a la riqueza (o impuesto al patrimonio) es que su base gravable está determinada por el patrimonio líquido menos algunas depuraciones como el valor patrimonial de las acciones, o la casa vivienda de habitación para las personas naturales entre otras.

No obstante, a pesar de que la regla  es que se parte del patrimonio líquido, es decir patrimonio bruto menos deudas, la técnica utilizada en la redacción del proyecto de ley no es la más adecuada.

Si leemos detenidamente lo subrayado notaremos que la base gravable de las personas jurídicas está determinada de conformidad a su “patrimonio bruto”, y posteriormente (allí sí lo resaltado) sí se señala que se puedan detraer las deudas a cargo del contribuyente.

Precisamente algunos han considerado que la referencia a la detracción de las deudas en la base gravable del impuesto a la riqueza opera exclusivamente a las personas naturales  basados en dos argumentos, 1) que la coma y la “y” hacen que se establezca una separación entras las personas naturales y las personas jurídicas, y 2) cuando el articulado señala menos las deudas los hace en relación “del contribuyente”, en singular, lo que llevaría a excluir a las personas jurídicas de poder detraer sus deudas.

Es claro, que el espíritu de la normas de ninguna manera es el denotado, pero creemos necesario que se haga la aclaración en el articulado y así evitar desgastes procesales a los contribuyentes.

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