Inicio » Derecho administrativo. » (09 / 08 / 2013 )

Aspectos fundamentales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Cuando se pretenda demandar un acto administrativo a través de nulidad y restablecimiento del derecho hay que tener en cuenta que este medio de control, procede por las mismas causales de la simple nulidad, es decir, cuando los actos administrativos sean expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, con falsa motivación, desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, sin competencia, en forma irregular o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Sin embargo es indispensable que el acto  administrativo lesione el derecho de una persona, y que dicho derecho se halle protegido en una norma jurídica, la finalidad de esta acción es triple, pues con ella se busca:

  • Que se declare la nulidad del acto o actos administrativos demandados.
  • Que se restaure el derecho conculcado o vulnerado.
  • Que se reparen los daños que el acto administrativo haya causado a la persona.

La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro meses, esto quiere decir, que para poder demandar un acto administrativo a través de nulidad y restablecimiento del derecho la demanda se debe interponer dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo dependiendo el caso; el termino de los cuatro meses se comenzara a contar a partir del día siguiente.

Además se requiere para interponer este medio de control los siguientes requisitos previos a demandar:

  1. Se requiere como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial cuando se trate de temas conciliables.
  2. Cuando se pretenda la nulidad de actos particulares es obligatorio interponer los recursos (obligatorios) que procedan contra este.

Este medio de control se encuentra consagrado en el artículo138 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y procede tanto contra actos de contenido particular, como contra actos de carácter general, pero siempre con la limitante de los cuatro meses de caducidad, independientemente de que clase de acto sea.

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