Audiencia de Conciliación laboral – Solo puede aplazarse por una sola vez a solicitud de cualquiera de las partes

No es posible un segundo aplazamiento así lo solicite la otra parte.

Tal como lo prevé el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 11 de la ley 1149 de 2007, si antes de la hora señalada para llevar a cabo la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.

Señala igualmente la norma que  si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación (salvo el caso arriba señalado), el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales: 

- Si el ausente es el demandante,  se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. 

- Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. 

- Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra.

Pues bien, la referida norma fue materia de controversias tras considerarse por parte de algunos abogados que la misma violaba la Constitución,  por cuanto al expedirla el Congreso había sobrepasado el mandato constitucional estatuido en los artículos 2°, 13 y 29, y con base en esas consideraciones fue parcialmente acusada ante la Corte Constitucional bajo el cargo de que violaba el deber del Estado de proteger a todas las personas en sus derechos; la orden de construir un orden justo; y el artículo 13 de la Constitución.

Destacó el demandante que de acuerdo con la norma, si una de las partes solicita el aplazamiento de la audiencia, la otra parte queda automáticamente  impedida para hacer lo propio, es decir para solicitar un segundo aplazamiento, teniendo entonces que asumir todas las consecuencias que estipula la ley para los casos de incumplimiento, y por tanto consideró que se estaba vulnerando el derecho de la parte procesal que cumplidamente asistió a la primera audiencia y que dejaba de asistir a la segunda audiencia fijada, pese a estar amparada en una justa causal de inasistencia.

Señaló el actor que “la misión del Estado es proteger al individuo en su integridad, sin ninguna discriminación, y sin ninguna desigualdad frente a las normas creadas por el estado para proteger los derechos de los ciudadanos.”.

Y más adelante indicó:

“La norma acusada  viola  un derecho de aplicación inmediata: el derecho a la igualdad: "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley", precepto que no se cumple cuando se le niega la oportunidad a la otra parte de solicitar aplazamiento de la Audiencia del artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, cuando se le presente justa causa para no asistir, y que ello le conlleve hacerse merecedor a las consecuencias procesales expresadas en el mismo artículo. En el presente caso, el Estado hizo caso omiso a lo preceptuado en el artículo 13 de la carta que dice que éste "promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva", no puede ser efectiva, si existiendo dos partes, una tiene desventaja sobre la otra por mandato legal, quebrantando los derechos constitucionales.”

Y más adelante enfatizó:

“…no puede haber imparcialidad si no se escucha a las dos partes o, al menos, si no se les dan las mismas oportunidades. En resumen, “para el caso que nos ocupa, debe existir igualdad de oportunidad para que las dos partes soliciten aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo que contiene la expresión acusada, cuando se les presente razón justificable para no asistir; si es una sola de las partes la que tiene esa posibilidad, no se le estaría aplicando el debido proceso a la parte pasiva.”.

Al estudiar la demanda, la Corte Constitucional dejó en claro que  lo que establece la norma acusada es que frente a  la inasistencia de una de las partes a la segunda audiencia de conciliación, en ningún caso podrá darse un nuevo aplazamiento. Y seguidamente advirtió que el hecho de que no se pueda pedir un segundo aplazamiento de la audiencia no implica que, ante una circunstancia que lo justifique, se apliquen las consecuencias gravosas que tiene para la parte procesal su inasistencia, independientemente de que el proceso deba continuar de manera normal. Sin embargo, si no media fuerza mayor o caso fortuito, la inasistencia trae consigo una serie de consecuencias tales como la presunción de veracidad de los hechos alegados por la contra parte susceptibles de confesión.  Y con base en lo anterior, declaró exequible  la expresión sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento, contenida en el artículo 11 de la ley 1149 de 2007.

En conclusión, en los procesos ordinarios laborales la audiencia de conciliación sólo es susceptible de aplazamiento por una vez. Si en la segunda oportunidad, o sea al reanudarse la audiencia, no asiste cualquiera de las partes, el proceso sigue su trámite. En tal caso se le aplicará a la parte que estuvo ausente los efectos que prevé el mencionado artículo 77,  y que consiste en que se presumirán ciertos los hechos susceptible de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito, o  los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, según sea el demandante o el demandado el ausente. 

Sin embargo, si la parte que dejó de asistir a la nueva audiencia acredita que su ausencia en ella se debió a fuerza mayor o caso fortuito, el juez valorará los hechos fundamento de dicha causal y si los encuentra razonables no le aplicará a dicha parte las consecuencias gravosas en comento.

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