Aunque el derecho a la pensión no prescribe, el derecho a que se reliquide la pensión para incluir los factores salariales dejados por fuera sí prescribe

Esa es la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte Constitucional el derecho a la reliquidación no prescribe.  

Con la columna de hoy se pretende dejar en claro el alcance que la  jurisprudencia le reconoce  al derecho del pensionado a solicitar la reliquidación de la pensión en aquellos casos en que la entidad de seguridad social a cuyo cargo estuvo el reconocimiento de dicha  prestación omitió incluir en el ingreso base de liquidación (IBL) algunos factores salariales que por ley estaban llamados a formar parte de esa base.

El asunto es relevante porque cuando sucede esa exclusión los intereses del afiliado se ven afectados por cuenta de un menor valor en el monto de la pensión.

Ahora bien, para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de que el pensionado pueda reclamar válidamente la reliquidación de la pensión con la finalidad de que se incluyan en la base de liquidación los factores salariales excluidos, va de la mano del tiempo. Esto quiere decir, que el interesado estará sometido a ejercer ese derecho dentro de un plazo determinado  y preclusivo, que se cuenta a partir de la fecha en que quedó en firme la liquidación de la pensión y concluye al cabo de los tres años siguientes;  de tal menara que si el afectado no manifiesta durante dicho lapso su inconformidad con el procedimiento aplicado,  le prescribirá el derecho a reclamar la pretendida reliquidación.

En sentencia SL17545-2014  - Radicación n.° 56262  - Acta 111  del 11 de diciembre de 2014 la Sala  de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó y ratificó lo dicho por esa misma Corporación en sentencias anteriores sobre la prescriptibilidad del derecho en análisis.

Dijo la Corte:

“Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el derecho a que éste sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido éste por prescripción no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.

Sin embargo, para la Corte Constitucional ese derecho no prescribe. Así se expresó esa autoridad constitucional en su Sentencia T-456/13:

“ Visto el marco fáctico en el que se ubican los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela, (…) esta Sala de Revisión considera que la posición jurídica asumida tanto por los jueces de instancias como por los jueces de tutela, y en su caso por el mismo ISS, en cuanto a que operó la prescripción de la acción para reclamar la reliquidación pensional anotada, desconocen abiertamente la jurisprudencia constitucional fijada por esta Corporación en múltiples oportunidades,[56] según la cual, y en aplicación de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que se predica de todos los derechos de la seguridad social, las personas a quienes se les ha reconocido una pensión tienen derecho a que dicha prestación les sea adecuadamente liquidada según el régimen legal que les sea aplicable.

Por ello, de reunir el pensionado los requisitos establecidos legalmente  para obtener el derecho a la pensión conforme a un régimen en particular, ésta situación concreta no puede ser desconocida, pues ajustada su situación al marco establecido por la ley se “configura un auténtico derecho subjetivo exigible y justiciable.”[57] En este supuesto, si la liquidación pensional realizada por la entidad encargada se hace de manera incorrecta, el titular de ese derecho subjetivo está facultado para reclamar tal derecho en cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos, en tanto derechos irrenunciables e imprescriptibles no pueden ser desconocidos por simples decisiones de las entidades responsables de reconocer y administrar las pensiones.”

Ahora bien, frente a esas dos posiciones manifiestamente disímiles qué puede hacer el pensionado incurso en esa situación?

La respuesta no es fácil por lo siguiente: si empieza por acudir a la tutela muy seguramente se la niegan por inconducente, tras advertirle que existen otros mecanismos judiciales a los cuales puede acudir. Si adelanta el proceso ordinario éste va a terminar con sentencia en contra suya, pues los jueces de las instancias van a fallar acorde con la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema.  Así las cosas, parecería que la solución estaría en adelantar primero el proceso ordinario y a continuación de éste tramitar la tutela. Pero aquí surge una inquietud: ¿Será que le alcanza la vida al pensionado para todos esos trámites judiciales?

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