Aunque el servidor público se encuentre disfrutando de permiso sindical, puede ser objeto de sanción disciplinaria

A primera vista no parecería equivocado pensar que el poder disciplinario de que ejerce el Estado con respecto a sus trabajadores se suspende en aquellos casos en que el servidor público se encuentra en permiso sindical. La razón es sencilla: cuando el trabajador hace uso del derecho a dichos permisos, de alguna manera deja de estar en la órbita del empleador, vale decir se sale del alcance de éste, toda vez que durante esos períodos el trabajador deja de trabajar y se ocupa de las labores propias  del sindicato, lo cual lleva a pensar que lo que haga o deje de hacer el trabajador en esos lapsos es del resorte de la organización sindical a la cual pertenece, y no del empleador.

Sin embargo, si nos distraemos un poco en el análisis de la situación y, sobre todo si acudimos a la casuística, veremos que pueden presentarse casos en que el comportamiento del aforado afecte al empleador y le dé razones a éste para disciplinarlo.

La pregunta que surge en tales circunstancias apuntaría a establecer si el empleador estaría facultado por la ley para sancionar al trabajador incurso en dicha situación, habida cuenta de que en esos momentos el servidor público no funge como tal, sino como miembro de la organización sindical a la cual pertenece, lo que podría dar lugar a pensar que se trataría de una falta del sindicato y no del aforado, caso en el cual sería al Ministerio del Trabajo, y no al patrono, a quien le correspondería sancionar  la falta objeto de reparo, pues como es sabido, los empleadores no están habilitados por la ley para sancionar a las organizaciones sindicales.

Pues bien, ese debate fue dado recientemente al interior de la Sección Segunda, Subsección A  del Consejo de Estado.  A continuación resumo los hechos y el sentido de la decisión de la Corporación.

El caso es el siguiente: 

Un trabajador de la Universidad Nacional (sede de Palmira), afiliado al sindicato,  amparado por fuero sindical y en uso de permiso sindical, participó en una jornada de protesta  llevada a cabo por estudiantes y trabajadores de ese Centro de estudios.

El mitin tuvo su origen en la negativa del rector de la Universidad de recibir a los trabajadores y estudiantes para tratar temas de interés general, relacionados con el proyecto de reforma académica y administrativa.

Durante el desarrollo de la protesta se profirieron algunas expresiones en contra del rector, que fueron calificadas por éste y por los demás directivos de la institución, como injuriosas y calumniosas (Paramilitar, ladrón, corrupto, asesino, etc.), lo cual fue considerado como  suficiente para adelantar el respectivo proceso disciplinario contra sus autores.

Al término del proceso, el trabajador de marras fue declarado responsable de los cargos imputados y sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por 5 días.

El aforado obrando en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de las decisiones disciplinarias adoptadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad y por el Rector de la misma institución, en el sentido de sancionarlo con la suspensión del cargo por el término de 5 días.

La defensa del trabajador adujo en su favor que los actos cuya nulidad reclama se expidieron con falsa motivación y violando el derecho al debido proceso, por estimar que los hechos en que se basó la investigación disciplinaria constituyen el ejercicio legítimo de los  derechos a la protesta y de asociación. Y que por tratarse de hechos propios de la actividad sindical no están sujetos a control disciplinario por parte del empleador sino del Ministerio del Trabajo, de conformidad con las normas que regulan el derecho laboral colectivo.

Señaló igualmente que “para el momento de producirse los hechos objeto de la investigación disciplinaria, el actor no desempeñaba las funciones propias del cargo que ocupaba como funcionario de la Universidad Nacional de Colombia, las cuales se encontraban suspendidas en virtud del permiso sindical. Lo anterior implica que las acciones u omisiones en las que se incurre como particulares, es decir, por fuera del ejercicio de la función pública no pueden ser objeto de reproche disciplinario.” 

El asunto, como ya se indicó, fue resuelto por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 20 de octubre de 2014,  referenciada con el No. 110010325000201200227 00  y No. interno: 0881-2012, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón

Señaló la Sala que desde el punto de vista jurídico es perfectamente viable que las autoridades ejerzan la potestad disciplinaria en contra de funcionarios protegidos por fuero sindical, y que adopten las decisiones de fondo a las que hubiere lugar, pues no obstante hallarse en una situación administrativa especial, como lo es el permiso sindical,  “conservan la calidad de empleados públicos, lo que implica que efectivamente y de manera actual desempeñan un empleo o cargo en esa Institución.”

Y agregó que “(…) que no resulta desproporcionado, en determinadas circunstancias, consagrar como falta disciplinaria conductas ajenas al servicio, en cuanto involucran una ruptura del orden jurídico y un menoscabo o perturbación de la función pública.” 

Destacó la Sala que en dicho asunto la formulación de los cargos se fundamentó en el artículo 8 del Acuerdo 018 de 1998 del Consejo Superior Universitario, que determina que “es obligación de los miembros de personal administrativo de la Universidad Nacional, el deber de respetar los derechos de los miembros de la Comunidad Universitaria (…) y darles  un trato coherente con los principios constitucionales de democracia, participación e igualdad, de acuerdo con los valores universitarios y del desempeño de la función pública” y seguidamente enfatizó que es “es deber de los servidores públicos tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razones del servicio”. 

Advirtió que al trabajador no se le imputó el cargo reprochando su actividad sindical, sino por las conductas y las agresiones verbales (injurias y calumnias) a las cuales fue sometido el Rector de la Universidad Nacional, al tildarlo por parte de los manifestantes de “Ladrón, Paramilitar, corrupto y asesino”, conducta que se halla tipificada en la Ley 734 de 2002 y en el Acuerdo 018 de 1998 del Consejo Superior Universitario.

Y concluyó que al no discutirse el ejercicio de la actividad sindical, sino la conducta realizada por el demandante contra el Rector de la Universidad, la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria le correspondía a la Universidad y no al Ministerio del Trabajo de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo 018 de 1998, y con fundamento en esos argumentos negó las pretensiones de la demanda.

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