Auto que aprueba el remate de un bien embargado por la Dian puede ser objeto de control jurisdiccional

Cuando la Dian inicia un proceso de cobro coactivo por deudas tributaria en contra de un contribuyente, puede secuestrar o embargar los bienes de este, y llegado el caso, un juez puede  aprobar el remate de los bienes que considere necesarios para cubrir el valor de las deudas, y el auto que aprueba  el remate  puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa aunque dicha posibilidad no figure expresamente en el estatuto tributario.

En ese sentido se pronunció la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 18567 del  28 de agosto de 2013, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas:

La Sala parte de señalar que si bien el artículo 835 del E.T. establece que en el proceso de cobro administrativo coactivo solo son demandables las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, y que según el artículo 833-1, ibídem, las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este procedimiento son de trámite y que contra ellas no procede recurso alguno, según el precedente judicial que se reitera, el auto de aprobación de la diligencia de remate es pasible de control judicial mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior en razón a que, según lo sostuvo la Sala en la sentencia referida, el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser de las señaladas en el artículo 835 del E.T., pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque crean una obligación distinta. Que así, a falta de norma especial en el ordenamiento tributario para dar trámite a las actuaciones administrativas posteriores a las resoluciones que deciden las excepciones, como las relativas al embargo, secuestro y remate de bienes y las de aprobación y cumplimiento, son aplicables las de Código de Procedimiento Civil. Que, de esa forma, como el auto de aprobación de la diligencia de remate del que trata el artículo 530 del C.P.C. es susceptible del recurso de apelación, puede dar lugar a controversias ante la administración y, por ende, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Se precisa que el artículo 530 del código de procedimiento civil a que se refiere la sentencia aquí transcrita, corresponde hoy al artículo 455 de la ley 1564 de 2012 que promulgó el nuevo código general del proceso.

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