Bancarización a la fuerza

En una columna anterior advertimos de la decisión de la corte constitucional de declarar exequible el artículo 26 de la ley 1430 de 2010 que introdujo el articulo 771-5 del estatuto tributario, respecto de los medios de pago idóneos para la aceptación de costos y deducciones. En esa oportunidad la corte mediante sentencia C-249 de 2013 hizo un análisis bajo los principios  de  equidad tributaria, buena fe y el derecho al debido proceso.

Ahora bien, en esta ocasión, ha fallado los expedientes  D-9314  y D-9323 (acumulados), mediante sentencia  C-264 de 2013, declarando nuevamente constitucional el artículo 771-5  bajo  una  análisis sucinto del principio de buena fe como lo hizo en la anterior oportunidad, aunque , argumenta:

En cuanto a un motivo implícito, como lo pone de presente un interviniente, podría considerarse el de combatir el lavado de activos. Para la Corte, tanto por sus motivos explícitos, como por los implícitos, el límite a la libertad económica y de empresa establecido en el artículo 771.5 del Estatuto Tributario cuenta con una justificación adecuada y suficiente, porque: (i) los contribuyentes tienen el deber constitucional de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, eficiencia (art. 95.o C.P.) y la tributación debe reflejar su realidad económica, sin trampas, distorsiones o engaños; y (ii) el Estado tiene el deber de  concretar en la realidad los principios de equidad, eficiencia y progresividad en los que debe fundarse el sistema tributario (art. 363 C.P.). Además, los mecanismos de control a la tributación aseguran que tanto los contribuyentes como el Estado cumplan con sus deberes constitucionales. 

Es de resaltar que  en esta oportunidad el accionante también incluyo el parágrafo  del articulo 771- incluido en la reforma tributaria (ley 1607 de 2012) respecto de la procedencia de costos y deducciones  de los operadores de juegos de suerte y azar.

Con este fallo culminan las esperanzas de algunos que  considerábamos la medida arbitraria y ansiábamos si no una eliminación por lo menos una prolongación del plazo hasta tanto se desmonte totalmente el GMF. Pues de las seis demandas interpuestas, tres fueron inadmitidas, una fallada exequible, y las dos restantes que fueron acumuladas son las que ocupan hoy nuestra atención.

Para concluir  un comentario de la ANIF, de su libro Estructura fiscal de Colombia y ajustes requeridos (2012-2020):

“Esto de intentar “bancarizar a la fuerza”, desconociendo el efecto precio de los tributos, resulta bastante “irracional” en términos económicos. Lo correcto, desde una visión estructural, era haber desmontado el ITF para así generar más bancarización, supervisión fiscal y, de paso, ganar cerca del 1.1% del PIB en recaudos de Imporrenta e IVA por simple mayor eficiencia de toda la estructura tributaria. Obviamente, esto no ocurrirá de forma inmediata, pues tomará 1-2 años que las transacciones regresen al sistema y disminuya el elevado uso del efectivo.”

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