Carteles para el manejo de precios ¿juzgar el hecho o el resultado?

Creo que el tema de los carteles – acuerdos de precio -  y la libre competencia, deben ser mirados no solo desde la perspectiva del derecho positivo y la existencia formal del hecho, sino desde la del efecto y de las circunstancias en que se produce.

Sin entrar a mirar las definiciones legales, ¿qué es, en términos reales, de negocios, la libre competencia?  ¿No es acaso la posibilidad de que quien quiera, y tenga el conocimiento y los fondos necesarios, pueda establecer una empresa y tenga la posibilidad de que el mercado conozca su producto/servicio, lo compare, y si le aprecia valor y lo prefiere por ello frente a los de la competencia, lo adquiera al precio que se le ofrece y se le pueda hacer disponible?

¿Qué afecta esa posibilidad? Lo que en planeación estratégica se llaman las “barreras de ingreso” que se refieren fundamentalmente a la dificultad que las características propias del negocio como la alta inversión, el sofisticado y escaso conocimiento técnico y tecnología, (por ejemplo poseer una patente) el alcance y costo de la organización comercial y logística y las características de integración de la competencia hacia adelante y hacia atrás establecen?

Eso sí que impide la libre competencia, y en cuanto a lo fundamental, el efecto sobre los consumidores, los afecta negativamente pues si solo unos pocos tienen la capacidad real de entregar el producto que satisface sus necesidades, al precio que fijen, así no sea justo, y no sea producto de un acuerdo formal entre ellos, pues el pobre consumidor o se los compra, o no tiene acceso a esa satisfacción.

Y hasta ahí, no ha habido “cartel” en el sentido de reuniones formales y mails y comunicaciones para establecer condiciones de manejo del mercado, entre ellas los precios y descuentos y formas de pago y plazos.

Se ha producido un efecto claramente perverso para el consumidor, sin que haya habido la existencia de un cartel como tal.

¿Pero me pregunto si es automático que se produce el mismo efecto perverso cuando unos productores, algunos de ellos en un mercado cuasiperfecto , o todos en el caso del oligopolio, se reúnen para acordar formalmente condiciones de manejo del mercado?.

Definitivamente NO, a menos que, con acuerdo formal o sin él, se encuentren actuaciones, de hecho, de los productores, dolosas, con el propósito claro, malévolo, de evitar el ingreso de competidores al mercado, y/o de hacer que los consumidores se vean obligados a adquirirles el producto a un precio artificialmente elevado.

El efecto de un acuerdo de precios y manejo del mercado, nuevamente bien el hecho exista y se formalice o no, puede obrar en favor del consumidor, y beneficiarlo, y no es correcto, va contra el principio de la presunción de inocencia de los productores, condenarlo por existir formalmente, en lo que claramente hay un manejo moral difícil de aceptar : Si el acuerdo existe de hecho, no le pasa nada a los que lo realizaron así tenga muy negativo impacto para los consumidores, pero si se formalizó de alguna manera, o se descubren comunicaciones o rastros, así sea beneficioso para los consumidores, hay castigo. Al menos, así lo presenta la prensa al público, que corre a condenar a los productores. Y la condena del mercado es mucho peor que la judicial.

Cosa diferente es que, muy lamentablemente, casi siempre que esos acuerdos existen, formalizados o no, se realizan por parte de oligopolios de poderosos productores (pañales, cuadernos, azúcar, etc.,) que perjudican al consumidor.

El resumen es que es más importante el hecho, que la forma: Si el acuerdo malévolo existe, así no esté formalizado, debe ser castigado. ¿Cómo se enteran las autoridades (superintendencia de Industria y comercio)? Por las denuncias ciudadanas para las que hoy, ante esa superintendencia, muy eficiente, hay una inmensa facilidad.

Como decía un famoso presentador en un noticiero de televisión: “No se quede callado, denuncie.” en vez de quejarse.

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Una opinión
  1. ANGEL ERNESTO ORTIZ dice:

    Desafortunadamente las sanciones millonarias que impone la superintendencia de Industria y Comercio son recursos que van para el presupuesto de la nación y no van a resarcir los daños y perjuicios de los consumidores, es decir no se ve aquí la PROTECCION hacia el CONSUMIDOR.

    Para hacer valer su derechos el CONSUMIDOR tendría que demandar con sus propios medios a las empresas que han abusado de los DERECHOS DE COMPETENCIA.

    Estas sanciones deben ser proporcionales al daño causado, es decir deben ir en función de la población afectada, de la participación en el mercado, de los sobreprecios o descuentos dejados de percibir, etc.

    Si bien la conducta de ponerse de acuerdo para fijar precios en el mercado es una conducta de abuso, no debemos olvidar el gran daño que nos causa el CONTRABANDO campante desde hace tiempos inmemoriables sin que pase nada.

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