Comentarios sobre la imposibilidad de reintegrar a un administrador que ha sido despedido

El artículo 232 de la ley 222 de 1995 contempla la imposibilidad o improcedencia del reintegro de un administrador que ha sido despedido por su empleador:

En el evento de despido o remoción de administradores y revisor fiscal no procederá la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral.”

La ley no fue muy específica al momento de referirse al alcance del término administrador, puesto que bien puede ser el gerente de la sociedad, el gerente de una sucursal o el administrador de un local, por lo que ha sido la sala laboral de la corte suprema de justicia quien haya tenido que hacer las precisiones necesarias y fijar el alcance de la norma.

Es así como en sentencia 25141 del 22 de noviembre de 2005, reiterada en sentencia del 30 de agosto de 20011, radicación 39550, dijo la corte:

Ahora bien, el cargo sostiene que este precepto legal es aplicable al caso porque el demandante era “administrador” del Banco, dado que ejercía la función de gerente de banca. Cumple fijar, entonces, el alcance de esa norma para, más adelante, determinar el que le corresponda al cargo que aquí formula el Banco Ganadero.

Para la Corte el término “administradores” no se utiliza en un sentido amplio sino en uno específico. No fueron excluidos de la acción de reintegro todos los que ejerzan actos de administración en una sociedad, sino únicamente los que ostenten esa condición según la ley. Y cumple aquí recordar un principio elemental de interpretación del artículo 28 del Código Civil: <Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal>. Pues bien, el artículo 22 de la misma Ley 222 de 1995 definió el término administradores: <Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones>.

En gracia de discusión y bajo el supuesto de que la entidad recurrente haya asumido que el demandante, por ser gerente bancario, es su representante legal, la Corte debe observar que esa apreciación, no está en este caso probado. Dentro del esquema jerárquico de las sociedades un gerente de banca no es, necesariamente, un representante legal, ya que el criterio legislativo para definir quien ostenta la representación de la sociedad y la administración de sus bienes está en el contrato social, en sus estatutos, como lo dice expresamente el artículo 196 del Código de Comercio, que se relaciona con el 110-6 ibídem y con el 111 que impone el registro mercantil para la constitución y prueba de la sociedad comercial y su representación.

Y esto lleva a otra consideración importante. Sólo ahora, en el recurso extraordinario de casación, cree la entidad demandada que el demandante es uno de sus órganos sociales, su administrador. Supone en este cargo que ello es así por la sola circunstancia de que aquél ejerció el empleo de gerente. Pero como la noción de órgano social es legal y también lo es la de representante legal, y el carácter de administrador no admite ni suposiciones ni interpretaciones de acuerdo con el sentido natural y obvio de la palabra sino que es una situación fáctica que debe probarse con el medio de convicción idóneo, sirve lo dicho para glosar el cargo por estos dos aspectos: porque utiliza la vía directa para denunciar al Tribunal por ignorar el precepto 232 de la Ley 222 de 1995 sin advertir que ese hecho requería alegación y prueba y que ni lo uno ni lo otro ocurrió, de manera que la vía directa era improcedente; y porque así se hubiera propuesto la vía indirecta para hacerle ver a la Corte que el Tribunal no dio por demostrado que el demandante era su representante legal, se trataría de la formulación de un hecho nuevo, puesto que el mismo no fue materia de discusión al trabarse la relación jurídico procesal ni en el debate argumental y probatorio surtido en las instancias.”

Como se observa, esta norma aplica sólo a quienes tienen la connotación de representantes legales. Bien restrictiva y garantista el criterio de la Corte suprema de justicia.

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