Con la reforma tributaria la Dian podrá condenar al contribuyente sin oírlo y sin juicio previo

Actualmente cuando un contribuyente presenta una declaración tributaria con inconsistencias, la Dian profiere un emplazamiento para corregir (que no es obligatorio), un requerimiento especial y luego determina oficialmente el impuesto mediante la liquidación de revisión, situación que cambia con el proyecto de reforma tributaria porque la Dian, de entrada y sin previos requerimientos, podrá determinar oficialmente el impuesto y demás conceptos, sin darle la oportunidad al contribuyente a que se defienda, y más aún cuando las la Dian podrá actuar  con base a presunciones, no a hechos ciertos  e irrefutables, lo cual podrá hacer con la llamada liquidación provisional prevista en el artículo 223 del proyecto de reforma.

Es como una condena provisional anticipada. Primero se condena al contribuyente y luego se le da la oportunidad de que se defienda. Un golpe al debido proceso, al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Para la Dian seremos culpables hasta que demostremos lo contrario.

La liquidación provisional contenida en el artículo 764 del estatuto tributario hasta la fecha aplica cuando el contribuyente no presenta declaración alguna, pero con la reforma aplicará aún cundo el contribuyente haya presentado su declaración, por lo que la Dian podrá saltarse el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados y garantizados con el requerimiento especial.

Veamos cómo quedaría el artículo 764 del estatuto tributario:

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. La Administración Tributaria podrá proferir Liquidación Provisional con el propósito de determinar y liquidar las siguientes obligaciones:

a) Impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos y retenciones que hayan sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el contribuyente, agente de retención o declarante, junto con las correspondientes sanciones que se deriven por la inexactitud u omisión, según el caso.

b) Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias.

c) Sanciones por el incumplimiento de las demás obligaciones formales.

Para tal efecto, la Administración Tributaria podrá utilizar como elemento probatorio la información obtenida de conformidad con lo establecido en el artículo 631 y a partir de las presunciones y los medios de prueba contemplados en el Estatuto Tributario, y que permita la proyección de los factores a partir de los cuales se establezca una presunta inexactitud, impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones.

La Liquidación Provisional deberá contener lo señalado en el artículo 712 del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 1°. En los casos previstos en el literal a) de este artículo, sólo se proferirá Liquidación Provisional respecto de aquellas declaraciones tributarias presentadas por personas naturales o jurídicas que, en el año gravable inmediatamente anterior al cual se refiere la Liquidación Provisional, hayan declarado ingresos brutos iguales o inferiores a diez mil (10.000) UVT o un patrimonio bruto igual o inferior a veinte mil (20.000) UVT, o que determine la Administración Tributaria.

PARÁGRAFO 2°. En la Liquidación Provisional se liquidarán los impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones de uno o varios periodos gravables correspondientes a un mismo impuesto, que puedan ser objeto de revisión, o se determinarán las obligaciones formales que han sido incumplidas en uno o más periodos respecto de los cuales no haya prescrito la acción sancionatoria.

PARÁGRAFO 3°. La Administración Tributaria proferirá Liquidación Provisional con el propósito de determinar y liquidar el monotributo cuando los contribuyentes del mismo omitan su declaración o lo declaren de manera inexacta, junto con las correspondientes sanciones.

PARÁGRAFO 4º. La Liquidación Provisional inicial suspende el término de firmeza de las declaraciones tributarias por seis (6) meses, contados a partir de su notificación.

Es una monstruosidad que la Dian pueda determinar de esa forma un impuesto con base a meros reportes de terceros, que el consejo de estado ya ha dicho que no son prueba de nada sino hechos indiciarios.

De esta forma se está liquidando un impuesto con basado en presunciones, no en hechos ciertos y probados como lo ordenan el artículo 742 del estatuto tributario, y por muy provisional que sea dicha declaración, se está determinando una pago a cargo del contribuyente sin apego a  los principios básicos y elementales que debe seguir cualquier sanción administrativa.

Para afectar aún más el derecho a la defensa, al contribuyente se le  otorga apenas un mes de plazo para cuestionar esa liquidación privada, cuando en el requerimiento especial se da un plazo de 3 meses, y en un mes es muy difícil lograr refutar adecuadamente un acto administrativo basado en supuestos y que ni siquiera debe estar motivado y justificado, sino apenas explicado de forma sumaria. ¿Cómo podrá defenderse adecuadamente un contribuyente cuando no se le dice claramente por qué se le está condenando?

Es cierto que el gobierno tiene prisa para recaudar fondos  y necesita actuar con celeridad, pero esa prisa no puede afectar el debido proceso a tal punto que al contribuyente se le condene sin juicio previo, sin antes ser escuchado, y lo que es peor, con base a hechos presuntos.

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Una opinión
  1. Luz Marina dice:

    Desde cuando estamos en una dictadura en Colombia, que un contribuyente puede ser condenado sin oírlo y sin juicio previo. Quisiera una respuesta.

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