Consejo de estado reitera la procedencia de la sanción por inexactitud por faltas formales de la prueba de costos y deducciones

El consejo de estado, recientemente ha sido insistente en manifestar que la sanción por inexactitud procede ante la presencia de una prueba que adolece de algún requisito formal  de los costos y deducciones declarados por el contribuyente aun cuando sea evidente que tales costos y deducciones sean reales.

El consejo de estado manifiesta que la inexistencia de costos o deducciones, supuesto que da lugar a la imposición de la sanción por inexactitud contemplada en el artículo 647 del estatuto tributario, implica no sólo la inexistencia física de los pagos sino de la falta o falencia de la prueba, o que esta carezca de los formalismos establecidos por la norma tributaria.

En reciente sentencia, la 18109 del primero de noviembre de 2012 dijo la sección cuarta del consejo de estado:

Ahora bien, para que se perfeccione la infracción, la inclusión se ejecuta para cumplir un único propósito: reportar datos inexistentes para obtener un provecho que se traduce en el menor pago de impuestos o en la determinación de un mayor saldo a favor.

El adjetivo inexistente debe entenderse en sus dos acepciones: como adjetivo relativo a aquello que carece de existencia, y como adjetivo relativo a aquello que, si bien existe, se considera totalmente nulo, porque es “Falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo.”

De ahí que el artículo 647 ibídem prevea que, en general, lo que se quiere sancionar es la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos , equivocados , incompletos  o desfigurados , puesto que todos estos adjetivos, en últimas, implican la inexistencia de los egresos que se llevan como costo, deducción, descuento, exención, pasivo, impuesto descontable, retención o anticipo, sin serlo, por una de las siguientes razones: o porque en realidad no existen esos egresos; o porque, aún existiendo, no se probaron; o porque, aún probados, no se subsumen en ningún precepto jurídico del Estatuto Tributario que les dé valor y fuerza para tener el efecto invocado, por carecer de las solemnidades que exige ese Estatuto Tributario para darles la calidad de tales, a menos que, en éste último caso se verifique la interpretación errónea  de la norma por parte del contribuyente, que lo haya inducido a subsumir los hechos económicos declarados en la misma.”

Bajo este criterio, un costo real donde la prueba que lo soporta presenta de alguna falencia formal, como que la factura no contenga la descripción del producto o servicio adquirido, es suficiente para que proceda la sanción por inexactitud.

Sin duda es una interpretación exagerada que no corresponde con la intención del contribuyente ni con el daño causado al estado, pues se está imponiendo una sanción cuando el hecho declarado existió y por tanto no perjudica el recaudo del estado, máxime que por tratarse de un pago real, habrá sido declarado por quien lo recibió no habiendo merma en la recaudación fiscal, es decir, la actitud del contribuyente no causa ningún daño.

Ante esa realidad, debería ser suficiente con que se le rechace al contribuyente ese costo por  no cumplir una formalidad respecto de un hecho real, lo que de por sí es una sanción elevada por cuanto incrementa su carga tributaria, pero no, además se le impone un sanción por inexactitud simplemente porque el estado dijo que la factura debía ser de color verde y el contribuyente se  la presentó  de color azul.

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