Sección Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de tutela señala que el congreso no es responsable patrimonialmente por la expedición de normas tributarias que sean declaradas inexequibles con posterioridad

Recordemos que desde hace algunos años se viene discutiendo la responsabilidad que le asiste al Congreso de La República por la expedición de normas tributarias que posteriormente son declaradas inexequibles.

La primera de ellas, en el año 2012 donde mediante Sentencia del 23 de febrero, proceso 24655 se ordenó la devolución de los pagos por concepto de impuesto de registro realizados de conformidad con el artículo 8 del decreto 650 de 1996, el cual fue declarado nulo en sentencia 8705 de septiembre de 1998.

Seguida a esta, la Sentencia 28741 del 26 de marzo de 2014, fue la más llamativa por el contribuyente que involucra, pues se trata de Goodyear. En ella, se declaró responsable patrimonialmente al Estado por la creación de la tasa por servicios aduaneros, contemplada en los articulo 56 y 57 de la ley 633 del 2000, y la cual fue declarada inexequible el 19 de septiembre de 2001 mediante sentencia C-992 . En esta oportunidad se ordenó al congreso pagar 1.500 millones de pesos a la empresa.

Entre tanto, el Congreso de la República y la agencia de defensa jurídica del Estado, instauraron acción de tutela contra la providencia judicial emitida por la sección tercera del Consejo de Estado (El Senado de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica instauran tutela contra la Subsección de la sección tercera del Consejo de Estado)

Ahora bien, el pasado 7 de abril de 2016, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en fallo de tutela de primera instancia decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso del Congreso de la República y en esa medida dejar sin efectos la sentencis 28741 del 26 de marzo de 2014, en la cual se ordenaba pagar $1.500 millones a Goodyear.

Dentro de los argumentos esbozados por la sección cuarta se lee:

“Lo dicho hasta acá tiene otra consecuencia que consiste en que, si el legislador previó el mecanismo de las devoluciones para que los contribuyente acudan a aquel cuando estimen que existe causa para ello, frente a la nulidad o inexequibilidad de una norma, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la única acción procedente para obtener la reparación íntegra del daño, cuando la administración ha negado la devolución . Coherentemente, no es posible acudir a la acción (medio de control) de reparación directa, pues, se insiste, es necesario, primero, presentar la respectiva petición a la administración y provocar su pronunciamiento que, desde luego, puede ser sometido a control judicial.

Además no es posible prohijar la tesis de que frente a una misma situación, por ejemplo, el pago de un tributo que pierde la causa legal, existe la posibilidad de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por vía de dos medios de control o acciones, a saber, la nulidad y restablecimiento del derecho o la reparación directa. Tal situación no es posible, en la medida en que el contribuyente debe primero solicitar la devolución de lo pagado ante la administración tributaria y luego, en caso de obtener decisión desfavorable, acudir al medio de nulidad y restablecimiento del derecho contra ese acto.

En razón de todo lo expuesto, se advierte, por un lado, que el fallo acusado desconoció los mandatos de los artículos 90 de la Constitución Política y 45 de la Ley 270 de 1996 y, por otro lado, el mecanismo dispuesto por el legislador, en los artículos 850 y siguientes del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1000 de 1997, en cuanto al trámite que deben seguir los contribuyentes cuando estimen que un tributo pagado les debe ser devuelto.

Quiere decir lo anterior, que Goodyear S.A. escogió indebidamente la acción de reparación dirección directa para reclamar la indemnización del daño que estima que se le causó con el pago de la TESA, por cuanto debió acudir a la DIAN a solicitar la devolución de dicho tributo y, si era del caso, acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la decisión que negara esa devolución.

En consecuencia, se ordenará a la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado que, dentro del margen de su independencia judicial, dicte nuevo fallo, en el término de treinta (30) días,  en la acción de reparación directa que ejerció Goodyear de Colombia contra el Congreso de la República con base en las precisiones hechas a lo largo de esta sentencia de tutela. “

Así las cosas, la discusión continúa, pues tal como lo aclara el documento adjunto se trata del fallo de tutela de primera instancia.

Descargar fallo.

Y usted ¿qué opinión le merece este tema?

MÁS SOBRE

Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.

Siéntase libre de opinar

Una opinión
  1. Jose Villa dice:

    Las multas debieran ser impuestas NO AL CONGRESO sino a los CONGRESISTAS.
    Que sea castigado directamente el bolsillo de cada congresista.
    Eso mismo acontece con fiscales, jueces y magistrados, cuando se sanciona por embarrarla, la sanción no recae sobre el fiscal o el juez o el magistrado sino sobre la nación. Así resulta muy rico y muy cómodo embarrarla. No se responde por los propios actos.

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.