Consecuencias del no pago de los gastos procesales en materia contenciosa administrativa

Cuando se admite un proceso en materia contenciosa administrativa para que dicha admisión de la demanda sea notificada al demandado, es indispensable que el demandante cancele los gastos procesales, ya que de lo contrario no será notificado el proceso mientras estos no se hayan consignado, pero ¿esta es la única consecuencia que genera el no pago de los gatos procesales?

Los gastos procesales se deben fijar en el auto admisorio de la demanda, en el mismo se debe señalar el valor y termino que se concede para que sean pagados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 numeral 4° del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo el cual señala lo siguiente:

“4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que los reglamentos establezcan para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. En las acciones cuya pretensión sea exclusivamente la nulidad del acto demandado no habrá lugar al pago de gastos ordinarios del proceso”.

Entonces si dentro del término que se le indica en el auto admisorio al demandante para que cancele los gastos procesales, estos no se pagan ¿Qué sucede con el trámite del proceso?

Respecto al trámite del proceso, una vez se vence el término que se concede para pagar los gatos procesales, el CPACA en su artículo 178 señala que si transcurren 30 días sin que se haya realizado el acto necesario para que se continúe con el trámite, el juez le concederá otros 15 días para que dicho acto se cumpla, en este caso para que se paguen los gastos del proceso.

Si dentro de los quince días mediante los cuales se le requiere al demandante para que pague los gastos procesales, estos no se cancelan quedara sin efectos la demanda, es decir, que se dará por terminado el proceso por desistimiento tácito, en el decreto 01 de 1984 ya derogado esta figura se denominaba perención.

El decreto 01 de 1984 señalaba un término de seis meses para poder decretar perención, el termino señalado por la ley 1437 de 2011 para el desistimiento tácito es más corto, pero además permite que se le requiera a la parte interesada, situación que en el antiguo código no se presentaba.

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