Consecuencias que debe asumir un contribuyente que se insolventa ante la imposibilidad de asumir el pago de los impuestos

En un editorial anterior se comentaba el caso de  algunos contribuyentes que en el pasado debieron declarar y no lo hicieron, y que ahora deben declarar y pagar el respectivo impuesto pero no tienen la capacidad económica debido a que se han quedado desempleados o a que sus negocios personales fracasaron, y en tal circunstancia no les queda otra alternativa que insolventarse para que la Dian no les embargue y remate los pocos bienes que puedan tener, pero por supuesto que ello no está exento de consecuencias negativas.

Estas personas generalmente, y en el mejor de los casos, sólo tienen una casa que suele ser de interés social y algún desvalorizado carro o motocicleta,  y por supuesto algunos muebles y electrodomésticos de su uso personal, pero es difícil ver a la  Dian embargando neveras desvalijadas y sofás viejos.

Muchas de esas personas ni siquiera tienen necesidad de insolventarse porque simple y llanamente no tienen ningún activo que pueda ser embargado, pero las que tienen por lo menos su casa de habitación, deben considerar la forma de proteger por lo menos el bien más básico en un sociedad: la vivienda para sus hijos, lo cual puede hacer mediante la figura del patrimonio de familia o pasarla a nombre de su cónyuge.

La persona que se insolventa con el objetivo de evitar que la Dian le cobre su deuda coactivamente, no puede volver a tener propiedades mientras tenga deudas con la Dian, y recordemos que las deudas prescriben luego de 5 años de causadas, tiempo durante el cual no se podrá tener nada que pueda ser susceptible de medidas cautelares de embargo.

El principal problema que tendrá que afrontar una persona insolvente con la Dian, es el tema de la cuentas bancarias, cuentas susceptibles de ser embargadas, de manera que esa persona no podrá hacer uso del sistema financiero, lo cual supone un gran inconveniente puesto que cualquier ingreso que se obtenga se debe pagar en efectivo, y hay empresas que sólo hacen pagos por medio de los bancos,  y por eso (y otras razones) precisamente es que el gobierno ha impuesto el control de pagos en efectivo con la adición del artículo 771-5 del estatuto tributario recientemente modificado por la ley 1739 de 2014.

Así las cosas, una persona insolvente tendrá serias dificultades para conseguir trabajos o contratos, y tendrá que recurrir a terceras personas para que le faciliten una cuenta bancaria si es que el contratante le permite esa maniobra.

Ahora, si la persona se ha insolventado con el fin de no pagar impuestos teniendo la forma de pagarlos, el asunto se puede complicar un poco más porque la Dian puede eventualmente intentar que un juez declare nulo el negocio jurídico con que la persona transfirió sus propiedades a un tercero que actúa como testaferro, negocio que por supuesto se ha hecho de mala fe con la única intención de no pagar una deuda, y aquí esto ya es otro cuento que no aplica para el pobre arruinado que no tiene forma alguna de pagar un impuesto porque no tiene siquiera trabajo y a quiénes van dirigidas notas.

MÁS SOBRE

Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.

Siéntase libre de opinar

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.