Consejo de Estado reitera que la DIAN cuenta con 6 meses para notificar liquidación oficial de revisión

De acuerdo con el artículo 710 del estatuto tributario, la DIAN cuenta con seis meses para notificar la liquidación oficial de revisión, meses que se cuentan a partir de la fecha del vencimiento del termino para dar respuesta al requerimiento especial o su ampliación, según sea el caso.

Dicho termino puede suspenderse bien sea por la práctica de inspección tributaria de oficio, lo cual suspende el termino por 3 meses, o por la práctica de la inspección contable cuando sea solicitada por el contribuyente, lo cual suspende el termino por lo que dure dicha inspección. Así mismo, cuando se solicite una prueba que refiera a documentos que no obren en el expediente el término para notificar la liquidación oficial de revisión se suspenderá por dos meses.

En este caso particular el contribuyente presentó la declaración de renta el 23 de abril de 2010, y solicitó el saldo a favor el 27 de diciembre de 2010. Así las cosas, la DIAN contaba en términos generales, con 2 años para notificar el requerimiento especial. Situación que efectivamente se dio y el 2 de marzo de 2011 se notificó requerimiento especial.

Por lo tanto, el contribuyente tenía hasta el 2 de junio de 2010 para dar respuesta al requerimiento especial. Efectivamente dio respuesta al requerimiento especial dentro del término, el 31 de mayo de 2011. Pero la DIAN procedió a proferir liquidación oficial d revisión el 17 de noviembre de 2011, pero fue notificada el 16 de diciembre de 2011, liquidación que posteriormente fue confirmada en resolución del 13 de noviembre de 2012.

Así las cosas, si bien la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión el 17 de noviembre de 2011, solo hasta el 16 de diciembre de 2011 fue notificada al contribuyente. Mientras que como el vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial era el 2 de junio de 2011, solo hasta el 2 de diciembre de 2011 se podía haber expedido y notificado  la liquidación oficial de revisión.

Fuente:  Consejo de Estado, sentencia 21354 del 8 de junio de 2016 MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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