Consentimiento del titular del derecho, requisito indispensable para revocar de manera directa un acto administrativo de carácter particular

Tanto en el código contencioso administrativo (decreto 01 de 1984) como en el la ley 1437 de 2011 que lo derogo, para que un acto administrativo de carácter particular pudiera ser revocado directamente por la autoridad administrativa que lo expidió además de encontrarse incurso en cualquiera de las causales señaladas en la ley para ello debía existir consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho.

La revocatoria de los actos administrativos de carácter particular en el decreto 01 de 1984 derogado, permitía aun sin el consentimiento del titular  del derecho, la revocatoria directa cuando los actos administrativos provenían de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se incurría en cualquiera de las causales de revocación o si evidentemente el acto se dio por medio ilegales.

Situación que no se contempla en la ley 1437 de 2011 actualmente; el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo en su artículo 97 señala que cualquier acto sea expreso o ficto de carácter particular, para ser revocado requiere el consentimiento del titular del derecho salvo los casos expresamente señalados por la ley.

Entonces no hay lugar a efectuar revocatoria directa de una acto administrativo  particular si el titular del derecho se niega a que esta se efectué, en este caso ¿Qué procedimiento debe seguir la autoridad administrativa que pretende revocar el acto?

Si el particular se niega a la revocatoria directa, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, ya que es difícil que una persona consienta en que le quiten un derecho que le ha sido reconocido, la autoridad administrativa debe demandarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que esta se pronuncie respecto a su legalidad.

La autoridad administrativa demandara su acto a través de la acción de nulidad, figura que en la doctrina del derecho administrativo ha sido denominada como acción de lesividad, figura que se configura cuando es la administración quien pretende la nulidad de su propio acto y por ende demanda al particular cuyo derecho se reconoció a través del acto demando.

Cuando la demanda de la administración se fundamente en que el acto demandado surgió por medios ilegales o fraudulentos lo podrá demandar sin acudir al requisito previo de la conciliación, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 97 de la ley 1437 de 2011 parte final.

MÁS SOBRE

Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.

Siéntase libre de opinar

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.