¿Contribuyentes extorsionados?

En lo que llevamos del 2014 hemos recibido 7 correos de lectores ubicados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga (no podemos dar más datos por obvias razones), en los que comentan que funcionarios de la Dian les piden dinero para no abrirles un proceso de fiscalización, lo cual aunque no es nuevo, es muy grave. En el pasado habíamos recibido una par de denuncias al respecto, pero 7 en un poco más de dos meses es algo que no se puede ignorar.

Es conocido que funcionarios corruptos de diferentes entidades del estado, como fiscales, jueces, policías, corporaciones autónomas, superintendencias, etc. exigen dinero para no iniciar procesos de investigación, o para archivarlos, por lo que no debería extrañarnos que en efecto algunos funcionarios de la Dian pudieran estar recurriendo a este tipo de prácticas, lo cual, por supuesto, es reprochable, máxime cuando se  trata del dinero que el estado exprime a sus ciudadanos vía impuestos.

No sobra decir que los contribuyentes a los que les presuntamente les han pedido dinero para no abrirles procesos de fiscalización, son por lo general contribuyentes que han estado evadiendo impuestos, lo cual puede ser aprovechado por algún funcionario inescrupuloso para exigir dinero a cambio de no abrirles un proceso que puede resultar muy costoso. Seguramente en la negociación la dirán: mire señor, si los investigamos usted terminará pagando 500 millones de pesos, así que es mejor que nos pague un pequeño porcentaje de ese valor y dejamos las cosas así, y por supuesto que el contribuyente sabe que el señor de la Dian tiene toda la razón.

El problema a que se enfrentan estos contribuyentes, es que el pago de la extorsión (¿de qué otra forma se le puede llamar?) no les garantiza que la Dian no les investigue, puesto que es probable que el funcionario corrupto sea trasladado y llegue otro funcionario honesto dispuesto conseguir que la ley se cumpla. Además, nada garantiza que ese contribuyente no se convierta en “la vaquita de leche” del funcionario corrupto, de manera que  cada vez que este necesite dinero extra recurra a la misma práctica, y en efecto, una de las denuncias que recibimos desde Bogotá, menciona que el pago es mensual, que cada fin de mes se presenta un funcionario a cobrar en efectivo el pago por el silencio o la inacción.

Desafortunadamente los contribuyentes víctimas de estas exigencias económicas no pueden denunciarlas, puesto que como se afirmó, los funcionarios que exigen dinero eligen a quienes son evasores de impuestos, por lo que nadie en su sano juicio está dispuesto a formular la denuncia porque se estaría delatando el mismo, de modo que para superar esa limitante que impide la denuncia, el estado debería crear una figura que conceda beneficios a los contribuyentes que tengan el valor de entablar las denuncias respectivas, algo así como una “rebaja de pena”, como la condonación de sanciones e intereses, o parte de ellos.

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