Corregir la documentación comprobatoria solo en sancionable si es con posterioridad a la notificación del requerimiento especial o del pliego de cargos

El artículo 260-11 del estatuto tributario señala las sanciones respecto de la documentación comprobatoria y de la declaración informativa en relación con precios de transferencia. En el literal A señala las sanciones aplicable a la documentación comprobatoria y en el literal B señala las sanciones aplicables a la declaración informativa.

Ahora bien, lo numerales 2, 3 y 4 del literal A del artículo 260-11 del estatuto tributario contemplan la sanción por inconsistencia en la documentación comprobatoria y la sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria.

En ese mismo sentido el numeral 5 ibídem señala la reducción de la sanción opera sobre la  “determinada en el pliego de cargos o requerimiento especial”.

En consecuencia a juicio de la Administración Tributaria, si un contribuyente corrige su declaración comprobatoria antes de la notificación del pliego de cargos o requerimiento especial NO hay lugar a imponer sanción. Así lo manifestó en el concepto 07511 de 2015 donde señaló:

Luego, advirtiendo que en palabras de la Corte Constitucional, M.P. Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, en sentencia C-273 de 1999, "las normas que imponen sanciones o que establecen límites a los derechos son de interpretación restrictiva" (negrilla fuera de texto), es de concluir que la posibilidad de imponer las sanciones de que tratan los numerales 2, 3 y 4 del literal A del artículo 260-11 del Estatuto Tributario al contribuyente que, antes de la notificación de requerimiento especial o pliego de cargos, opta por corregir voluntariamente la documentación comprobatoria presentada, subsanando la inconsistencia o la omisión, es inviable jurídicamente pues no es dable extender la aplicación de las sanciones a supuestos no contemplados en la ley.

La corrección de la documentación comprobatoria únicamente adquiere la posible connotación de infracción tributaria cuando se realiza después de la notificación del requerimiento especial o del pliego de cargos y versa exclusivamente sobre los métodos para determinar el precio o margen de utilidad, o los criterios de comparabilidad, como de manera palmaria lo señala el artículo 260-11 literal A, numeral 6 del Estatuto Tributario y de cuyo tenor literal no es posible separarse acorde con el criterio hermenéutico que dicta el inciso Io del artículo 27 del Código Civil, el cual reza: "[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

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