Corte Constitucional considera que no existen motivos razonables para excluir a los empleados domésticos de la prima de servicios

En nuestro país existe un contingente de trabajadores al que la ley excluye de la prima de servicios: los empleados domésticos. La explicación que hasta ahora se había brindado a quienes habían intentado demostrar que  dicha exclusión constituye una clara violación al derecho a la igualdad, es que esa discriminación luce razonable dado el origen de la prima de servicios, que como es bien sabido, sustituyó la participación de utilidades y la prima de beneficios consagradas en la legislación anterior. Y en ese contexto, como el hogar  no es una empresa, es claro que no genera utilidades. La misma Corte Constitucional partiendo de esa consideración había manifestado repetidamente que privar a los trabajadores domésticos del mencionado beneficio no contrariaba la Constitución Nacional.

Pero esas no son las únicas razones que han dado lugar a que  tradicionalmente se haya subvalorado el trabajo doméstico, y para comprobarlo basta recordar que hasta hace poco  quienes se dedicaban a esas actividades estaban sometidos a un régimen salarial y prestacional manifiestamente precario comparado con el que ha regido para los demás trabajadores. Así por ejemplo, dichos empleados sólo tenían derecho por concepto de cesantías a 15 días de salario por año de servicios, y su liquidación se efectuaba tomando en cuenta únicamente el salario en dinero;  así mismo, la jornada de trabajo no tenía límites legales, y estaban excluidos del subsidio familiar, para citar sólo algunos casos de discriminación.

Pues bien, tradicionalmente ese contingente de trabajadores  ha estado integrado generalmente por mujeres jóvenes, provenientes en buena parte de familias campesinas desplazadas por la violencia o por la pobreza, (que también es una forma de violencia),  comunidades étnicas   y regiones pauperizadas, que laboran en casas de familia realizando tareas de aseo del espacio físico y sus muebles y enseres, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, labores de jardinería y conducción, y el cuidado y atención de miembros de la familia o de animales que residen en las casas de familia. Estos trabajadores y trabajadoras casi siempre son contratados por personas que requieren de alguien que se haga cargo de esos quehaceres domésticos para poder salir del hogar a realizar ciertas actividades u oficios que les permitan algunos ingresos económicos propios.

Pues bien, recientemente la Corte Constitucional a través de la sentencia C-871 del 13 de noviembre de 2014, al ocuparse de una demanda de inexequibilidad del Art. 306 del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que a la luz de los principios que informan la Constitución de 1991 carecen de consistencia los argumentos que se han venido esgrimiendo para excluir a los trabajadores domésticos del derecho a la prima de servicios. Concluyó la Corte:

“A partir del análisis expuesto, y de la jurisprudencia reiterada en esta providencia, debe concluirse que la distinción entre trabajadores del servicio doméstico y otros trabajadores para el pago de la prima es abiertamente irrazonable y, por lo tanto, violatoria del principio de igualdad.”

Y más adelante puntualizó:

En el caso concreto, sin embargo, una vez se ha aclarado la invalidez de las premisas del único razonamiento que se ha presentado como motivo para justificar la diferencia de trato, se desvanece también la razonabilidad de la medida, pues, sin desconocer las diferencias que existen entre familias y empresas, la Corte Constitucional también ha concluido que —como lo enseña el derecho internacional de los derechos humanos, a través del Convenio 189 de 2011 de la OIT— la negación del pago de la prima de servicios a las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico implica negar la creación de valor económico y social que generan las funciones propias del servicio doméstico y, en alguna medida, las que se desprenden del trabajo de cuidado.

“ De acuerdo con los considerandos de esta providencia, y el análisis del cargo de inconstitucionalidad de la demanda, la Sala concluye que actualmente existe un déficit de protección en materia de derechos laborales que afecta a las trabajadoras del servicio doméstico. (…)”

Finalmente, la Corte exhortó al Congreso para que regule el reconocimiento y pago de la prima de servicios tomando en cuenta los siguientes criterios:

  1. Deberá asegurarse que los estratos más altos reconozcan y paguen la prima de servicios;
  2. Deberá ampliarse progresivamente la obligación. 
  3. Los órganos políticos deberán diseñar mecanismos y políticas públicas que operen como incentivos para que las familias asuman el pago de la prima de servicios, bajo la evaluación de conveniencia y oportunidad que deben asumir tanto el Congreso de la República como el Gobierno Nacional

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Una opinión
  1. Chris dice:

    Ahora como han cambiado las cosas. Las posturas doctrinarias constitucionales cambia de argumentación y dan vía libre a la equidad laboral. Porque la corte constituciónal no había pensado anteriormente en el convenio 189 de la OIT. Tantas veces solicitado como amparo por los sindicalistas en conflictos laborales. Porque la corte constitucional se da cuenta años después de sus posturas que las empleadas del servicio domestico en gran mayoría son Victimas del conflicto armado. Porque la corte constitucional logran entender años después que existe la economía familiar. Porque años después la corte constitucional logra entender que los tratados;acuerdos;convenios ratificados internacionalmente por colombiano se encuentran al nivel de la carta magna. Así como sus normas lo permiten. Porque las estructuras económicas tienen que esperar a que la corte constitucional nos indique quienes son sujetos de derecho y quienes no. Si la equidad social es parte del derecho natural. Hasta cuando dependeremos de una corte constitucional retrograda que para nada brinda seguridad jurídica afectando las inversiones económicas. Sociales y presupuestales. Cuantos trabajadores informales aun se encuentran excluidos del ordenamiento jurídico y en espera a que los cacaos de la corte constitucional ordene legislar. Hasta cuando....

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