Corte constitucional declara exequible exigencia de 26 semanas cotizadas para que menores de 20 años accedan a la pensión de invalidez

Corte constitucional declara exequible el  parágrafo 1 del artículo 1 de la ley 860 de 2003, mediante el cual se consagra que los menores de 20 años deben  acreditar 26 semanas cotizadas en el año anterior para recibir su pensión de invalidez

Fue demandado por inconstitucional el parágrafo 1 del Artículo 1 de la ley  860 de 2003 que dice: Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”. Las accionantes consideraron que aunque la norma acusada prevé una excepción a los requisitos generales para acceder a la pensión de invalidez a menores de veinte años, no comprende a todo el universo de personas que debería incluir, pues es inadmisible que la misma no se extienda hacia toda la población joven, que está en las mismas circunstancias que los menores de veinte años. En su criterio, la ley introduce una discriminación injustificada entre la población joven, ya que mientras una parte de ella se puede pensionar por invalidez con 26 semanas de cotización en el año anterior al hecho causante de la invalidez o su declaratoria, la otra sólo puede hacerlo cuando reúna 50 semanas en los tres años . La población joven, según la opinión  de las demandantes, está integrada por las personas que tienen entre 14 y 26 años de edad. Dicen que esta concepción de la juventud no sólo se sustenta en la legislación interna, y en diversos instrumentos internacionales, sino que además forma parte de la jurisprudencia constitucional que específicamente ha resuelto el alcance aceptable de la norma acusada.

Ante esto la corte constitucional mediante sentencia C/020 de 2015 se pronuncia de la siguiente manera:

“..La Corte declarará exequible la norma acusada, con la condición de que se extienda lo allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia toda la población joven, definida esta última razonablemente conforme lo señalado en esta sentencia, y en la medida en que resulte más favorable al afiliado. En los casos concretos, sin embargo, mientras la jurisprudencia constitucional no evolucione a la luz del principio de progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional; es decir, se debe aplicar a la población que tenga hasta 26 años de edad, inclusive.”

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