Corte Constitucional declara exequible exoneración de aplicar Subcapitalización a entidades vigiladas por la Superfinanciera y de los proyectos de infraestructura de los servicios públicos

El artículo 109 de la ley 1607 de 2012 incorporó a la legislación nacional el concepto de capitalización delgada o subcapitalización, que consiste en una limitación a la deducibilidad de intereses. En el caso colombiano la regla está basada en una proporción de 3 a 1.

Ahora bien, dicha regla contiene sus excepciones, una aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia  y otra aplicable a los proyectos de infraestructura de servicios públicos. Recientemente con la ley 1739 de 2014 se creó una excepción a las actividades de factoring.

En este caso, el accionante señalaba que la excepción aplicable a las dos primeras situaciones violaba los principios igualdad y equidad y que adicionalmente no respectaba el principio de certeza jurídica.

Al respecto, la Corte Constitucional mediante comunicado No 43 del 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015 señaló que la norma de ajustaba a los preceptos constitucionales y dentro de sus argumentos expuso:

“Después de hacer un recorrido por los precedentes jurisprudenciales respecto de normas tributarias similares, la Corte llegó a la conclusión de que las reglas especiales contenidas en el artículo 109 de la Ley 1609 de 2012 no resultan lesivas de los principios de igualdad y equidad tributaria. A su juicio, existen particularidades relevantes del sector de vivienda de interés social y de proyectos de vivienda interés prioritario que justifican el establecimiento de un tope superior al límite de deducibilidad, especialmente en cuanto se tratan de actividades regladas, sobre las cuales el contribuyente no tiene el control sobre el nivel y las condiciones del propio endeudamiento, que son reguladas por el Estado. En cuanto a los proyectos de infraestructura de servicios públicos, requiere unos altos niveles de inversión que en condiciones regulares solo pueden materializarse mediante el endeudamiento. Por ello, la limitación de la deducibilidad de los intereses responde a la necesidad de evitar que el endeudamiento de los contribuyentes sea utilizado con fines elusivos, así como al propósito de capitalización de las empresas.

Tampoco, prospera el cargo por falta de certeza tributaria, toda vez que la problemática que plantean los demandantes no apunta a demostrar la indeterminación del precepto demandado, sino a demostrar que siendo claro y preciso su contenido y alcance, se opone a otras disposiciones legales. Para la Corte, el déficit normativo alegado no deviene en la infracción del principio de certeza en materia tributaria, ni impone la necesidad de retirar de ordenamiento una disposición que tan solo eventualmente, en algunos supuestos de hecho excepcionales, podría entrar en colusión con el artículo 121 del Estatuto Tributario, que prevé una deducción de intereses sobre créditos a corto plazo de la importación o exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios.

Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar la exequibilidad de los apartes normativos analizados del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, frente a los cargos de falta de certeza tributaria, igualdad y equidad.”

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