Corte constitucional declara exequible la contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes escénicas

El 14 de febrero de 2013 fue interpuesta la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley 1493 de 2011 mediante la cual se creó la contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes escénicas. La razón expuesta por el accionante es básicamente la perdida de la autonomía territorial.

Pues bien, la corte constitucional ha proferido la sentencia  C-615 de 2013 de septiembre 4, declarando exequible dicha contribución y argumentando lo siguiente:

“La Corte determinó que la contribución parafiscal cultural regulada en las normas demandadas no desconoce los derechos constitucionales que se derivan de la autonomía territorial, en materia tributaria, como tampoco, el principio de descentralización administrativa y los derechos económicos de los municipios, consagrados en los artículos 1º, 287 y 362 de la Constitución.

Habida cuenta que se trata de una contribución parafiscal, la Corporación señaló que el legislador cuenta con competencia constitucional y legal para su creación y la regulación integral de su régimen jurídico, para lo cual se encuentra investido de un amplio margen de configuración en la materia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.12 y 338 de la Carta Política, de forma que puede establecer no solo la destinación de dichos recursos, aspecto que se deriva de la naturaleza jurídica de estos gravámenes, sino también lo relativo al recaudo, manejo, administración, control y vigilancia respecto de los mismos.

En el mismo sentido, la Corte constató que la circunstancia de ser una contribución parafiscal, los artículos 7 a 14 y 37 de la Ley 1493 de 2011 responden plenamente al  principio de legalidad en sentido estricto, esto es, solo pueden establecerse por parte del legislador, de manera excepcional y de conformidad con lo establezca la propia ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.12 de la Constitución. En consecuencia, los artículos demandados son constitucionales, al no resultar violatorios de los principios fundamentales de autonomía de las entidades territoriales, descentralización administrativa y los derechos económicos de los municipios (arts. 1º, 287 y 362 de la C.Po.).”

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