Corte Constitucional declara inexequible limitación de costos y gastos a la categoría de empleados

El artículo 26  de la ley 1739 de  2014 modifico el parágrafo 4 del artículo 206 del estatuto tributario con el objetivo de igualar los costos y deducciones de la categoría tributaria de empleados.

El articulado señala:

ARTÍCULO 26. Adiciónese el parágrafo 4o al artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Parágrafo 4o. La exención prevista en el numeral 10 procede también para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 383 del Estatuto Tributario. Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. Lo anterior no modificará el régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a las personas naturales de que trata el presente parágrafo, ni afectará el derecho al descuento del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, en los términos del artículo 488 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas”.

Pues bien, el aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-668 de 2015, de la cual solo tenemos una síntesis del comunicado No 49.

El argumento expuesto por la corte es el siguiente:

“En el caso concreto, la Corte encontró que la prohibición establecida en el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, tal y como fue modificado por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014 transgrede el principio de equidad tributaria en su dimensión vertical, en la medida en que desconoce la capacidad de pago de los empleados cuyos pagos o abonos no provienen de una relación laboral, o legal y reglamentaria, la cual se ve reducida por los gastos y costos en los que incurren en el ejercicio, por cuenta y riesgo propio, de su actividad profesional, de la que, a su vez, derivan sus ingresos. Ese desconocimiento genera una tributación igual entre sujetos con diversa capacidad económica: (i) empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria y (ii) empleados asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante.”

Creo sin asomo de duda, que la Corte aún no ha comprendido la lógica de las categorías tributarias, hecho que no es culpa suya, teniendo en cuenta la falta de técnica legislativa. Sin embargo señalar que ellos tienen “cuenta  y riesgo propio”, a prima facie implicaría que no pertenecerían a la categoría de empleados, dejando sin fundamento los argumentos expuestos por el alto tribunal.

Duro golpe al sistema de tributación de personas naturales, que acompañado de la sentencia C-492 de 2015 con todo y el incidente de impacto fiscal, debe llevar a repensar  la clasificación mediante el sistema de categoría, o al menos precisarla para evitar este tipo de confusiones, que tal como queda probado, ha llegado a confundir a todos los operadores jurídicos sin excepción.

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