Corte Constitucional determina omisión legislativa en el impuesto nacional al consumo

Recordemos que con la expedición de la ley 1607 de 2012, algunos servicios como lo de alimentación y restaurantes, quedaron excluidos de IVA y pasaron a gravarse con el impuesto nacional al consumo. Sin perjuicio de que en los contratos de catering se mantuviese el IVA.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 512-1 del estatuto tributario señala que están gravados con impuesto al consumo el respectivo servicio de la siguiente manera:

3. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; según lo dispuesto en los artículos512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este Estatuto

El objetivo del actor, era señalar que bajo los principios constitucionales del derecho tributario, los contratos de alimentación que celebre el estado con recursos públicos y con fines de asistencia social debieron haber quedado excluidos de dicho impuesto,  y pone como ejemplo los contratos que celebra la Secretaria de Integración Social de Bogotá.

Al respecto, la Corte mediante Sentencia C-209 de 2016  le da la razón al demandante argumentando que:

(…)no se encuentran razones que justifiquen que dentro de las exenciones del impuesto al consumo, el legislador no haya previsto el servicio de alimentación por contrato financiado por el Estado destinado a las instituciones de asistencia social. Un enfoque centrado en el derecho a la igualdad y los principios de equidad y justicia del sistema tributario lleva a concluir que las excepciones que se previeron en la norma acusada, desconocieron estos postulados constitucionales, al no haberlo establecido para el servicio de alimentos por contrato en la hipótesis señalada. Al mismo tiempo, se desconoció el principio de homogeneidad, según el cual, toda exclusión tributaria debe aplicarse por igual a los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de hecho, sin distinciones injustificadas, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria. Por consiguiente, la omisión legislativa relativa que se configura en la norma acusada, condujo a una declaración de exequibilidad condicionada de la expresión demandada que hace parte del numeral 3 del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, en el sentido de excluir del impuesto al consumo, los servicios de alimentación por contrato celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos destinados a la asistencia social.”

Así las cosas, los contratos de alimentación celebrados con entidades del Estado con recursos públicos y destinados a fines sociales se encuentran exceptuados del impuesto nacional al consumo.

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