Condición más beneficiosa – Corte Constitucional unifica los criterios conforme a los cuales procede dicho beneficio en materia de pensión de invalidez

En una columna publicada aquí hace varios meses, indicamos en qué consiste el principio de la condición más beneficiosa. Subrayamos en esa ocasión que había que distinguir entre el principio de la condición más beneficiosa y el de la norma más favorable, pues los escenarios de aquel y éste son diferentes. Dijimos que en el caso de la norma más favorable el intérprete se encuentra frente a dos normas vigentes, y debe escoger una de ellas, pues las dos son excluyentes entre sí, y tampoco se puede construir una tercera tomando partes de una y otra. Según este principio, se debe escoger la más favorable.

Cosa diferente ocurre con el principio de la condición más beneficiosa, pues aquí el intérprete ya no está frente a dos normas vigentes  sino ante una norma vigente y otra ya derogada, caso en el cual el operador judicial puede, si se cumplen ciertos requisitos, aplicar la norma derogada si ésta le resulta más beneficiosa al destinatario.

Hecha esa sencilla introducción  pasamos a ocuparnos del tema central de la columna de hoy: la unificación hecha por la Corte de los criterios conforme a los cuales procede aplicar el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez.

El ejercicio de la Corte tuvo como marco el siguiente caso planteado por un ciudadano en una acción de tutela solicitando que se le ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital:

Se trata de una persona de la tercera edad, de escasos recursos económicos, desprovista de ingresos para subsistir que la obligan a vivir de la caridad, gravemente enferma y con una pérdida de su capacidad laboral de 50.21% que le impide trabajar. Al no contar con una fuente de ingresos y estar en incapacidad de proveérselos, no puede gozar efectivamente del derecho a una vida digna. Para aliviar su situación, el accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez.

Sin embargo, la Administradora de Pensiones se la negó con el argumento de que el peticionario no cumplía los requisitos contemplados en la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Y le manifestó, a la vez,  que en su caso  no era aplicable el principio constitucional de la Condición más beneficiosa, debido a que dicho principio solo permite acudir a la norma pensional inmediatamente anterior a la vigente, cuando aquella le resulta más beneficiosa al afiliado, condición que no se cumplía en este caso pues la norma anterior, o sea la ley 100 de 1993,  exigía un número de aportes que no acreditaba tener el actor. De ese modo,  y pese a que antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, el accionante había logrado reunir 359 semanas de cotización y por tanto cumplía con el requisito que  había exigido para pensión el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, se le negó la pensión de invalidez.

Para mejor comprensión, la situación se puede resumir así: el marco normativo lo conforman tres normas, a saber: el acuerdo 049 de 1990, vigente hasta el 31 de marzo de 1990; la ley 100 de 1993 (versión original), vigente  entre el 1º de abril de 1994 y el 29 de diciembre de 2003; y la ley 860 de 2003 vigente a partir del 29 de diciembre de 2003.

Para el otorgamiento de la pensión de invalidez el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, le exigía al afiliado haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años “anteriores a la fecha del estado de invalidez,” o 300 semanas, “en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez. La ley 100 de 1993 en su versión original exigía haber cotizado 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez. Y la ley 860 de 1993 pasó a exigir 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

En el caso en análisis el afiliado cotizó más de 300 semanas durante la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, o sea que cumplió con el requisito que exigía dicha norma. Pero no hizo lo propio durante la vigencia de la ley 100 de 1993 y de la  ley 860 de 2003, pues durante sus períodos de vigencia no reunió las semanas que exigía cada una de ellas para el otorgamiento de la pensión.

Pues bien, en su estudio del caso la Corte Constitucional encontró que al actor se le había vulnerado su derecho a la seguridad social, por no habérsele aplicado el principio constitucional de la condición más beneficiosa en la determinación de las normas aplicables a su pensión.

La Corte determinó que:

“…por haber reunido más de 300 semanas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, momento para el cual su situación estaba gobernada por el Decreto 758 de 1990, se forjó entonces para el accionante una expectativa legítima de que en lo pertinente, este requisito le sería respetado. Si bien el legislador podía introducir ajustes o incluso reformas estructurales al sistema pensional, debía hacerlo en un marco de respeto por los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. En vista de que la ley no contempló un régimen de transición en materia de pensiones de invalidez que las garantizara, debe preservarse para el accionante, quien cumplió oportunamente uno de los requisitos relevantes para pensionarse, el derecho a que este aspecto no le fuera cambiado drásticamente en la medida en que resultara beneficioso para su seguridad social. Por lo mismo, en este caso, la pensión de invalidez del actor debía resolverse conforme a lo previsto, en cuanto a la densidad de semanas de cotización, en el Decreto 758 de 1990 que exigía reunir 300 semanas en cualquier tiempo. Este requisito lo cumplió el actor de forma suficiente. A lo anterior, se suma el hecho de que, después de entrar en vigor el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, el tutelante aportó otras 294 semanas, para un total de 653 semanas en su historia laboral, por lo cual por principio, no puede hablarse de un detrimento para la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Y concluyó que “Negarle a pensión, supuso el desconocimiento de sus derechos a la seguridad social, a la igualdad y su mínimo vital.“

Con base en lo anterior,  la Sala Plena de la Corte Constitucional procedió a revocar el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, el 11 de noviembre de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de primera sentencia, del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 29 de septiembre del mismo año, en la que se había negado el amparo al accionante y en su lugar, ordenó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

Y procedió a ordenar a Colpensiones que en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la sentencia, le reconociera al accionante la pensión de invalidez a la que tenía derecho conforme a lo expuesto, y que procediera a pagarle las mesadas pensionales respectivas, incluyendo las causadas después del 17 de octubre de 2013, por ser ese el momento en que se estructuró su invalidez y adquirió el derecho pensional. 

(Fuente: Comunicado No. 34. Corte Constitucional,  agosto 17 y 18 de 2016. Expediente T 5383796 - Sentencia SU-442/16 (Agosto 18) - M.P. María Victoria Calle Correa).

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6 Opiniones
  1. yaneth dice:

    Buenas tardes,

    La verdad desconozco el tema de pensión de invalidez... por este motivo solicito la colaboración de alguna persona con respecto al siguiente caso:

    Una joven madre de familia de aproximadamente 25 años fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré... hace varios meses está en tratamiento pero los médicos ya le dijeron que su salud cada dia se ira deteriorando más, hasta el punto de quedar postrada en una cama, razón por la cual ya no va a poder valerse por sí misma.

    ¿Existe alguna Ley que le otorgue una pensión?, ya que ella no va a poder hacerse cargo de sí misma y tampoco de su pequeña hija de 5 años?

    Agradezco la colaboración que nos puedan brindar ya que se trata de una mujer de escasos recursos económicos.

  2. JUAN RUA M. dice:

    Con mis respetos de admiración para usted Doctor Riobó.
    He notado que en su columna (que no me cabe duda de que es excelente) cuanto aborda temas pensionales mayoritariamente se refiere a pensiones por el régimen de prima media y el tema del régimen de ahorro individual solo lo toca muy de vez en cuando de manera muy tangencial. Por lo anterior le solicito de la manera más respetuosa se ocupe de vez en cuando de orientar a la población de trabajadores que al igual que yo cometimos el tremendo ERROR de trasladarnos de régimen sin la posibilidad de regresarnos de acuerdo con lo estipulado por la ley.
    Mis datos son los siguientes:
    Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1954
    Número de semanas cotizadas al 01 de abril de 1994: 711
    Fecha de traslado de régimen: Junio de 2000
    En el año 2009 solicité el traslado al régimen de prima media pero fue negado por la administradora privada.
    Actualmente cuento con 1616 semanas cotizadas y la administradora me hizo una proyección en donde me estableció un monto inicial de pensión por valor de $942.000.oo aprox., pese a que mis ultimos IBC estuvieron por encima de los 3MM. durante los últimos 8 años.
    Quiero consultarle si con esas condiciones sería viable un regreso al régimen de prima media en estos momentos?
    Agradeceré su respuesta.

    • Alonso Riobó Rubio dice:

      Buenas noches señor RUA,

      Empiezo por agradecerle la opinión que tiene de mi columna.

      En cuanto a su pregunta, me permito hacerle las siguientes precisiones:

      1. Como a 1º de abril de 1994 usted no había cumplido los 40 años de edad ni contaba con 750 semanas cotizadas, o 15 años de servicios cotizados, no quedó amparado por el régimen de transición.

      2. En las anteriores circunstancias, su derecho pensional se regula por la ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hizo la ley 797 de 2003.

      3. Infortunadamente usted cometió el error de trasladarse a un fondo privado, y en ellos la pensión no se obtiene con base en las semanas cotizadas sino en el capital ahorrado.

      4. Quienes están en los fondos privados pueden trasladarse a Colpensiones siempre y cuando les falte más de 10 años para completar la edad de pensión.

      Lo anterior significa que para usted la oportunidad de regresarse a Colpensiones se extinguió cuando cumplió 52 años, o sea el 3 de noviembre de 2006.

      Ahora bien, algunos afiliados que se trasladaron del ISS a los fondos privados han demandado alegando que lo hicieron bajo engaño, y han salido avante. En estos casos la clave del éxito radica en la prueba del engaño. O sea, que al afiliado le corresponde probar que su traslado no fue un acto libre, voluntario y espontáneo sino que su consentimiento en tal sentido estuvo viciado por causa de error, fuerza o dolo. En un caso emblemático de la situación, el afiliado adujo que el asesor del fondo le había hecho una proyección de la pensión, la cual le resultaba claramente conveniente y que por ello había accedido al traslado, pero que al momento de liquidársele la pensión las cuentas fueron otras. El señor pudo probar el engaño porque había conservado el papel en el cual el asesor le había hecho la proyección de la pensión. Desde luego que esa no es la única manera de probar que el desplazamiento hacia el fondo`privado fue inducido maliciosamente por el promotor.

      Saludos,

      • Maria Riveros dice:

        Doctor Riobó, buenas noches:
        Me atrevo a escribirle otra vez porque necesito de su sapiencia en el tema. Actualmente estoy en el RAIS con Colfondos. Nací el 25 de octubre de 1959. Según la historia laboral que arroja el sistema de Colpensiones tengo 709 semanas cotizadas al ISS a 1 de abril de 1994, pero tengo certificaciones y copias de las nóminas de las Notarías 12 y 38 en 1981 y 1983 donde coticé mas o menos 43,23 semanas a Cajanal. Esas semanas las tendrían en cuenta para demostrar que a 1 de abril de 1994 había cotizado 750 semanas y tendría el derecho de trasladarme en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida que maneja Colpensiones? Qué tendría que hacer para lograrlo?
        Le agradecería inmensamente orientarme en esto.

  3. JUAN RUA M. dice:

    Con mis respetos de admiración para usted Doctor Riobó.
    He notado que en su columna (que no me cabe duda de que es excelente) cuanto aborda temas pensionales mayoritariamente se refiere a pensiones por el régimen de prima media y el tema del régimen de ahorro individual solo lo toca muy de vez en cuando de manera muy tangencial. Por lo anterior le solicito de la manera más respetuosa se ocupe de vez en cuando de orientar a la población de trabajadores que al igual que yo cometimos el tremendo ERROR de trasladarnos de régimen sin la posibilidad de regresarnos de acuerdo con lo estipulado por la ley.
    Mis datos son los siguientes:
    Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1954
    Número de semanas cotizadas al 01 de abril de 1994: 711
    Fecha de traslado de régimen: Junio de 2000
    En el año 2009 solicité el traslado al régimen de prima media pero fue negado por la administradora privada.
    Actualmente cuento con 1616 semanas cotizadas y la administradora ma hizo una proyección en donde me estableció un monto inicial de pensión por valor de $942.000.oo aprox., pese a que mis ultimos IBC estuvieron por encima de los 3MM.
    Quiero consultarle si con esas condiciones sería viable un regreso al régimen de prima media en estos momentos?
    Agradeceré su respuesta.

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