Cosas y casos de familia. Mi hijo se lo llevaron al extranjero. Localización y Restitución Internacional de Menores

Una de las consultas especializadas de mayor frecuencia es la que tiene que ver con el “secuestro” por uno de los padres o familiares de hijos menores, desde y hacia el extranjero, así como, en la misma forma, cuando sin saber cómo o por quien ha sido el traslado, se tiene noticia que el menor “desaparecido” se encuentra en territorio extranjero.

Ha hecho carrera infame en nuestro País que la asistencia legal en estas situaciones es de los más higth Light plus, de suerte que solo algunos muy privilegiados play de estratos 5 y 6 puedan acudir a bufetes in de rimbombantes nombres pronunciables entre muelas, y una vez siendo seleccionados por estos, luego de astronómicos honorarios acceder a una representación administrativa o judicial de un recién graduado igual de asustado, en tanto los demás tendrán que lamerse sus pesares, rogando a la Policía, que aunque siempre dispuesta, no pueda dar más que palos de ciego, y, mendigando a los medios para que volviendo publica su desgracia la conviertan en el populacho circo del medio día.

Al efecto es oportuno precisar que para el derecho internacional no se trata de secuestro, sino de  traslado ilegal del menor, cuando uno de los padres, tutores o guardadores sin el consentimiento del otro, distrae de su domicilio habitual en un país al menor para radicarlo en otro diferente, en tanto que, cuando aún con el consentimiento del otro para el traslado, el tiempo de permanencia en dicho país, supera el convencional, administrativa o judicialmente determinado, se denomina retención ilegal, y cuando el menor es trasladado sin el consentimiento de ninguno de aquellos, es denominado sustracción, aunque en algunos eventos se utiliza este término indiscriminadamente para referirse a cualquiera de las tres situaciones.

La problemática sobre la sustracción, traslado, y retención internacional de menores ha sido punto de preocupación mundial desde siempre, tanto así que luego de cientos de ires y venires  han sido celebrados dos acuerdos multilaterales de máxima importancia y compromiso, hoy ratificados por Colombia junto con 103 países más: el Convenio sobre aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980, y la Convención Interamericana Sobre Restitución  Internacional de Menores de Montevideo de 1989, uno y que otro que prioriza y agiliza las diligencias y trámites correspondientes para obtener la restitución del menor de 16 años a su domicilio natural previo a la vulneración.

Consecuente con este devenir, se promulgó ya va a hacer nueve años, el 23 de enero de 2006, la Ley 1008, que en un extraño giro de justicia social en solo dos Artículos, reglamentó de manera general las atribuciones especiales  de competencia administrativa y judicial para el tramite de los asuntos materia de Tratados y Convenios Internacionales en los que se reconozcan principios, derechos, garantías y libertades de los niños y de las familias, así:

Artículo 1°. Competencia, prevalencia normativa y procedimiento. El conocimiento y trámite de los asuntos que sean materia de Tratados y Convenios Internacionales vigentes en Colombia en los que se reconozcan principios, derechos, garantías y libertades de los niños y de las familias, será de competencia de los Defensores de Familia en su fase administrativa y de los Jueces de Familia y Jueces Promiscuos de Familia en su fase judicial. En los municipios donde no haya Juez de Familia o Promiscuo de Familia, el trámite será de competencia de los Jueces Civiles y Promiscuos Municipales.

El principio de celeridad será de rigurosa aplicación en la ejecución de estos Tratados y Convenios Internacionales y las disposiciones contenidas en ellos tendrán prevalencia sobre las contenidas en otras leyes.

En concordancia con las previsiones de los numerales 3, 5 y 10 del parágrafo 1º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, las autoridades judiciales señaladas en el inciso primero del presente artículo, según el caso, tramitarán los asuntos a que se refiere este artículo, mediante las reglas del proceso verbal sumario salvo en lo referente a la única instancia. En las controversias judiciales a que se refiere esta ley, que se resuelven en el marco de Tratados y Convenios Internacionales, se garantizará el principio de la doble instancia, la cual se tramitará de acuerdo con las disposiciones que la regulan para el proceso verbal de mayor y menor cuantía.

Cuando la legislación interna haya establecido competencias expresas o procedimientos específicos que permitan resolver los asuntos a que se refiere esta ley y que se ajusten a los Tratados y Convenios Internacionales vigentes, el conocimiento y trámite de tales asuntos se ajustará a lo previsto en la legislación específica de cada materia.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Esto es, que la Competencia Administrativa al estar en cabeza de los Defensores de Familia, radica en manos del Estado Colombiano a través del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como  “Autoridad Central”, y en consecuencia, el Defensor de Familia adelantará SIN COSTO en representación de CUALQUIER PERSONA legitimada los tramites correspondientes, al tiempo que, igualmente SIN COSTO, asumirá, llegado el caso, su empoderamiento judicial ante los jueces correspondientes, desmitificándose de esta forma, la onerosa restrictividad élitesca de estas herramientas internacionales  hoy al alcance de cualquier persona, para el restablecimiento de los derechos del menor y su familia .-

Así las cosas, acuda al Centro Zonal del ICBF del domicilio de su hijo y pida el servicio de  asistencia GRATUITA del Defensor de Familia. Es su derecho !!!

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