Cuando la autoridad administrativa niega la extensión de una sentencia de unificación ¿Se puede acudir ante el Consejo de Estado para que este previo estudio la efectúe?

Cuando se solicite la extensión de una jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado a una autoridad administrativa encargada de reconocer un derecho, esta al respecto puede asumir, por un lado la posición de extender los efectos jurídicos de dicha sentencia alegada,  o de lo contrario negar total o parcialmente la solicitud.

Si la solicitud de extensión de la jurisprudencia de unificación es negada ya sea total  o parcialmente por la entidad administrativa, el solicitante podrá acudir ante el Consejo de Estado, para lo cual tendrá el término de treinta días siguientes a la negativa de la solicitud, de igual forma se podrá acudir ante el Consejo de Estado cuando la administración haya omitido dar respuesta al administrado respecto a la solicitud de extensión de la jurisprudencia.

La solicitud ante el Consejo de Estado debe estar acompañada de los siguientes documentos:

  • Escrito razonado,  en el cual se deberá manifestar la solicitud de extensión de la jurisprudencia debido a la negativa de la administración.
  • Copia de todo lo actuado ante la autoridad administrativa.

De conformidad con lo señalado el artículo 269 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, de la petición  presentada se le debe dar traslado a la autoridad administrativa que negó la solicitud y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por un lapso de treinta días con el fin de que se alleguen las pruebas que se crean necesarias.

Una vez vencido el traslado se debe convocar a una audiencia en la cual las partes podrán alegar sus argumentos y en esta misma se debe dar solución a la solicitud; una vez resuelta la solicitud el Consejo de Estado debe ordenar la aplicación de la extensión de la jurisprudencia  y se debe reconocer el derecho cuando a ello hubiere lugar, los efectos de la decisión serán los del fallo aplicado.

Por último, si el reconocimiento del derecho conlleva el reconocimiento de un derecho de carácter patrimonial, la correspondiente liquidación se deberá efectuar por medio de un trámite incidental ventilado ante la autoridad judicial que hubiere sido competente para conocer de la acción, lo cual deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión del Consejo de Estado.

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