Curador ad litem y funciones de este en el proceso

El curador ad litem es la persona encargada de asumir la defensa de la parte que por alguna circunstancia no puede concurrir al proceso o cuando esta sea un incapaz  y  por dicha circunstancia no pueda asumir su defensa; el curador ad liten lo designa el juez encargado del proceso y su función principal es asumir la defensa de quien representa en el proceso.

El curador ad litem puede efectuar todos los actos procesales a excepción de aquellos que le corresponden solo a la parte, por ende no puede disponer del derecho el litigio, es decir, que no puede conciliar, transigir, ni allanarse, pues dichos actos solo le conciernen a la parte. Quien actúa como curador ad litem en un proceso solo podrá hacerlo hasta que concurra su representado o quien  representanta a este último.

Las funciones del curador ad litem se encuentran consagradas en el artículo 46 del código de procedimiento civil vigente hasta la fecha y en el código general de proceso en el artículo 56 cuya vigencia es a partir del 1° de enero de 2014; dentro de las facultades de este, el  código de procedimiento civil señala que podrá incluso constituir apoderado bajo su responsabilidad.

Pese a que la figura del curador ad litem se instituye para que asuma la defensa de quien no pueda o no quiera comparecer al proceso,  por muchos doctrinantes se asume la posición de que estos no ejercen una defensa efectiva en el proceso pese a que esa es su función principal.

La Corte Constitucional se refirió en sentencia T – 088 de 2006 respecto a esta figura de la siguiente manera:

“El nombramiento del curador responde, a la necesidad de defender los derechos de las personas ausentes en los procesos judiciales, por lo cual, precisamente, su presencia en el debate judicial es garantía de defensa para quien no puede hacerlo directamente. Sobre el particular, la Corte ha dicho que la decisión de designar curadores ad litem, tiene como finalidad esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un tratamiento procesal desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. Constituye, pues, un instrumento protector del derecho fundamental de defensa. Por ello, debe entenderse que se trata de representar a quien resulte directamente involucrado en el proceso, es decir a quien por su ausencia puede ser afectado con la decisión que se tome”.

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