Curvas y contracurvas del lanzamiento por ocupación de hecho. Artículos 15 de la Ley 57 de 1905, y 15 del Decreto Ley 992 de 1930 al 17 de la Ley 200 de 1936

Solo en un país de corroncherías al cual se invita solemnemente al invasor para que rinda honores a sus vasallos arrasados por nuestras heroicas fuerzas de resistencia, a las cuales se les rinde tributo inverso, con perpetua estatua al conquistador español cojo, manco y tuerto que obscuramente según la historia que nos cuentan, las “comandó”, se pueda dar que leyes desautorizadas sigan vigentes luego de 30 años de muertas y no obstante la Corte Constitucional en sede de Sala de Revisión de Tutela durante cerca de 16 años las defienda a capa y espada tumbando o ratificando cuanta sentencia revisaba, luego se declare inhibida por sustracción de materia ante una demanda de inconstitucionalidad porque se vió obligada a reconocer que había subrogación legal con efectos de derogatoria, y luego,  en un macabro giro de 180° nuevamente en sede de Sala de Revisión de Tutela, medio agazapada  cambie la jurisprudencia para hundir o confirmar ahora la jurisprudencia que había orientado con puño de hierro durante tres lustros, sin tomarse la molestia - asumimos a pena ajena por la vergüenza- de enseñarla más que darla a conocer de  Gobernadores, Alcaldes e Inspectores, a quienes en si va dirigida, funcionarios cenicientas de una escuálida justicia policiva impartida al son del mejor amigo en veredas, pueblos y municipios colombianos.

Nos referimos a los multiadaptables Artículo 15 la Ley 57 de 1905, y Artículo 15  del Decreto 992 de 1930, que en su momento reglamentaron la Querella de Lanzamiento por Ocupación de hecho, así:

“…Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca…”

“La acción administrativa sumaria de lanzamiento prescribe a los treinta días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que tuvo conocimiento del hecho el querellante, según el caso.”

Multiadaptables porque el término “finca” en principio se amplificó del entendido costumbrista campesino que siempre inspira, a denominar cualquier inmueble rural, urbano, vivienda, industria, baldío o no, y en consecuencia echándose rápida mano de estas normas, con la fuerza del estado, doblegar casi que de facto, cualquier conato de controversia frente a nuevos y distintos hechos de posesión o tenencia,  al tiempo que ya, una vez, con la expedición de la Ley 200 de 1936,  y su Artículo 17 determinante que ya no eran las Autoridades de Policía, sino los nuevos Jueces de Tierras de Circuito quienes conocerían el Proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en  predios rurales explotables agrícolamente objeto de reforma agraria,  fortaleció la convicción de panacea de los Artículos 15 en comento aplicable  a  las demás “fincas” de cualquier naturaleza.

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