Curvas y contracurvas del lanzamiento por ocupación de hecho. La jurisprudencia inicial de la corte constitucional en sede de sala de revisión de tutela

Múltiples,  para  no exagerar que, infinidad de Acciones de Tutela por desmanes cometidos por Inspectores, Alcaldes, Gobernadores y Consejos Distritales de Justicia en el trámite y fallo de Querellas de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios urbanos y rurales se tramitaron ante los Jueces Municipales, del Circuito y Salas de Tribunal Superior de todo el país entre 1991 y 2009, de las cuales un significativo porcentaje asumió en conocer en su carácter de Supremo Juez de Cierre, la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional para en su omnisciente sapiencia, vaciar, reformar, cambiar sin admitir pataleo en contrario y unificar jurisprudencia en cuanto que la inspiración legal y cuerda procesal por las que se conocían, tramitaban, fallaban y ejecutaban, era la del Artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y  el Artículo 15 del Decreto 922 de 1930, siendo destacables, obviamente pasando por alto, quizá otras igual o mayormente significativas, los Fallos de Tutela T-431 de 1993, T-576 de 1993, T-203 de 1994, T-705 de 1998, T-878 de 1999, T-1023 de 2005, T-093 de 2006, y T-560 de 2009.

Ahora bien, en medio de ese desarrollo re-visionario tutelar, tanto desde la academia como desde la práctica profesional y forense legal se sentía el sinsabor en cuanto porque la Corte Constitucional consideraba después de 30 años de subrogado, aun la vigencia de los Artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y Artículo 15 del Decreto Ley 992 de 1930 ante la expedición del Código Nacional de Policía, ya que su Artículo 125 lo recogía bajo unos estándares diferentes, determinantes de la evolución final de orden de lanzamiento por orden de cese de perturbación,  hasta el punto que valientes Jueces de Provincia para 2009, entre los que bien vale la pena resaltar, el Juez Único Promiscuo Municipal de Maní [Casanare] y su superior jerárquico, el Juez Segundo Penal del Circuito de Yopal [Casanare], bien por desconocimiento o convicción antitética, contra jurisprudencia, concedían Protecciones Constitucionales de Amparo declarando vía de hecho la aplicación de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, normatividad no vigente, en la admisión, trámite y fallo de Querellas de Lanzamiento por Ocupación de Hecho proferidos por las mismos de siempre “autoridades de policía”, Inspectores, Alcaldes y Gobernadores.

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