De jueces y delincuentes

Uno de los derechos que debe garantizar un estado es la seguridad y tranquilidad de sus ciudadanos, que estos no se sientan amenazados y atemorizados por el accionar de los delincuentes, y cuando esto sucede, se espera que el estado actúe de forma contundente para que esas situaciones no se repitan, pero ese no es el caso en Colombia, donde la gente vive sometida a una zozobra permanente por cuenta del actuar libre e impune de la delincuencia, y en esto tienen que ver muchos los jueces que son los encargados de impartir justicia.

Casi a diario se conocen casos que causan indignación ciudadana debido a que peligrosos delincuentes que se dedican a robar a mano armada, a extorsionar, a secuestrar, a violar y asesinar son beneficiados con la casa por cárcel bajo argumentos indignantes como que no son un peligro para la sociedad, lo cual es absurdo porque toda persona que delinque es un peligro para la sociedad y debe ser separada de ella para que no someta a esa comunidad a la intimidación permanente producto de su actuar criminal.

Pero hay otro argumento aún más canalla y bellaco para enviar a la casa a un delincuente en lugar de enviarlo a prisión: que el delincuente es padre de familia y que de él dependen esposa e hijos, lo cual, irónicamente es cierto, puesto que en efecto el delincuente atraca, extorsiona, secuestra y mata para conseguir el dinero para sostener a su familia, y si el delincuente es enviado a la cárcel su familia se verá privada de los ingresos que éste obtenía dedicándose al crimen, pero no por ello debe imponerse esa carga a la sociedad. Los jueces están enviando el mensaje a los delincuentes que ellos tienen el derecho de conseguir el sustento de su familia de la forma  que voluntariamente eligieron, mediante el crimen, y que si corren con la mala suerte de ser atrapados por la policía, tienen el derecho de no ser enviados a prisión para que su familia no vea afectado su mínimo vital y las víctimas de los delincuentes que se jodan.

Se podría pensar que esos jueces son tarados, pero la verdad es que en la mayoría de los casos son jueces que hacen parte a un complejo sistema de soborno y corrupción, tanto que incluso algunos hacen parte de la nómina permanente de las bandas criminales organizadas, así como policías y militares. Si no es un soborno el que consigue el beneficio, es la presión que el juez recibe de algún personaje influyente, lo que en cualquier caso es corrupción.

Las bandas organizadas tienen en su estructura abogados, fiscales, jueces, magistrados y  políticos  que entran a realizar su trabajo sucio tan pronto uno de los miembros de la banda es detenido, por lo que no debemos sorprendernos cuando un delincuente de renombre nunca es capturado y si es capturado es enviado a casa por cárcel, y en muchos casos, es juzgado por el menor de los delitos que ha cometido como es el de concierto para delinquir cuando es responsable de  secuestros y asesinatos.

La justicia colombiana está politizada y tomada por la corrupción en todos sus niveles, desde muchos de  los jueces del más remoto pueblo hasta algunos magistrados de los más altos tribunales, y ni qué decir de la fiscalía donde según información pública, el presunto partícipe del mayor desfalco a la salud la preside, y en esas condiciones no se puede esperar que el estado cumpla con su deber de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, pues está tomado por los delincuentes.

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