De la ilegalidad de exigir garantías adicionales al contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Parte I

Es frecuente la diaria consulta de nuestros asiduos visitantes en cuanto si es legal suscribir paralelamente con el Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana, letras, cheques, o pagarés; constituir prendas o hipotecas, o, dejar depósitos en dinero o bienes, para garantizar del pago de cánones de arrendamiento, servicios públicos, expensas de administración, y/o reparaciones no locativas.

Previo a entrar en materia traeremos como referente de esta arraigada tradición, que esta era una práctica generalmente usada y aceptada aun en la mitad de la década de los 80´s  del siglo XX, en razón de la dificultad que entrañaba para el arrendador la satisfacción de sumas de dinero pendientes por los conceptos enunciados, ya que, el Contrato de Arrendamiento como tal era solo era posible utilizarlo primariamente para obtener la restitución del inmueble con el lanzamiento de los arrendatarios, y luego de manera separada en un proceso distinto, si no estaba autenticadas las firmas de estos, encauzar una acción ejecutiva agobiante, la que requería para su estructuración, el reconocimiento previo de la obligación, la constitución en mora, y demás entreveres propios de los documentos diferentes a los títulos valores, tal como se consagraba en ese entonces.

Este antagonismo entre el Contrato de Arrendamiento, entendido hasta entonces como un mero documento sin mas vinculo que el de demostrar la tenencia del inmueble a cambio de un precio, con la entrega en garantía de pago de sus obligaciones tanto de bienes, como de títulos valores, auténticos por presunción legal, autónomos, independientes y circulantes, generaron toda suerte de intríngulis a resolver en procesos civiles y penales por abuso de su función meramente condicionadora para la cual no habían sido concebidos, que terminaron por inspirar profundas reformas de la institución tanto en materia procesal como material.

Aunque la Ley 56 de 1985, en su momento se consideró la panacea al contraer revolucionarios avances desde prohibir expresamente la constitución de depósitos y cauciones reales para garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas del Contrato de Arrendamiento, hasta el punto dar a este, el carácter de titulo ejecutivo, en la práctica el bien intencionado Artículo 4º, quedó en letra muerta, al no envestirse legalmente el Contrato de Arrendamiento con la característica de Autenticidad, quedó supeditado una vez más, a las requisiciones propias de las firmas autenticadas, del reconocimiento previo y la constitución en mora, tal como previo a su expedición, venía aconteciendo.

Fue solo hasta la expedición de la Ley 446 de 1998, al consagrar en su Artículo 12 que “… se presumirán auténticos los documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo….”, que definitivamente y desde entonces, se tiene al Contrato de Arrendamiento como titulo ejecutivo suficiente y autónomo para cobrar las obligaciones económicas que de el se deriven.

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