De las funciones de las oficinas de inspección, control y vigilancia de arrendamiento de inmuebles para vivienda urbana. Generalidades

No obstante la Ley 820 de 2003, estar próxima a cumplir su doceavo aniversario de vigencia, habiendo constituido la esperada verdadera revolución en materia de justicia social al definir claros parámetros de ordenación, regulación y convivencia, aliviantes, si es que somos odiosos al no reconocer la mejoría, de las de por sí, siempre agrietadas relaciones arrendador-arrendatario, quizá uno de sus mayormente significativos desarrollos normativos lo constituye, junto con la Clasificación de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda Urbana, sin duda alguna, en desarrollo de ese principio de equidad social,  haber trasladado a las Alcaldías Municipales,  las Funciones de Inspección, Control y Vigilancia en Materia de Arrendamientos que antes debía ejercer bajo la Ley 56 de 1985, la Superintendencia de Industria y Comercio junto con las autoridades departamentales y municipales en quienes debía delegar, funciones y delegaciones que a ciencia cierta nunca llegó a ejercer con la contundencia esperada y que consiguientemente tampoco delegó.

En este orden, es de significarse como cada uno de los Municipios del País continental, con cargo a la planta administrativa de la Alcaldía Municipal, debió estructurar eficientemente una Oficina única centralizada con función de Inspección, Control y Vigilancia de Arrendamiento de Vivienda Urbana, en tanto la misma, está a cargo de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Específicamente para Bogotá D.C., abanderada en este cumplimiento, la Alcaldía Mayor, creó una Subsecretaría especializada, dependiente funcional y estructuralmente de la Secretaría Distrital de Habitad.

A pesar de los pesares, y no obstante estar claramente definidas estas  funciones de Inspección, Control y Vigilancia de Arrendamiento de Vivienda Urbana tanto en los Artículos 32, 33, y 34 de la Ley 820 de 2003, como en el Decreto 51 de 2004, asi como constituir obligación legal para los Ayuntamientos el establecimiento de esquemas pedagógicos de divulgación pública y constante que permitan el conocimiento específico de estos apartes de la ley, aún a pesar de aislados esfuerzos, continúan estas Funciones insuficientemente conocidas por los Arrendatarios quienes en virtud de tal desconocimiento, se consideran, y a verdad que sí,  igual de desprotegidos que con el régimen anterior.

Asumimos como obligación nuestra, desde esta tribuna, hacernos eco del imperativo para las Alcaldías Municipales establecida en el Numeral 6º del Artículo 8 del Decreto 51 de 2004, en cuanto a “…. Establecer esquemas de divulgación que permitan conocer de manera clara y oportuna las sanciones establecidas a las personas sujetas a la inspección, vigilancia, y control por parte autoridades competentes…” y en tal virtud desarrollaremos a continuación, una elemental  exposición de las funciones de estas Oficinas.

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