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Debido proceso

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente “para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”.

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

El debido proceso y el derecho de defensa

El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública.

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”[ 1].

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

Sobre el debido proceso administrativo la Corte se ha manifestado en reiteradas oportunidades[ 2] y ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos. Conviene recordar lo que sobre el punto ha precisado esta Corporación:

La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características”[ 3].

El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales”[ 4]

El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales[ 5].

El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.

En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique. (Corte constitucional, Sentencia 1021 de 2002).


[ 1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).
[ 2] Ver las sentencias T-442 del 3 de julio de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), T-020 del 10 de febrero de 1998 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-386 del 30 de julio de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-009 del 18 de enero de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1013 del 10 de diciembre de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[ 3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[ 4] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001.
[ 5] Ver al respecto la Sentencia T-572 del 26 de octubre de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).

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18 Opiniones
  1. luces dice:

    donde debo denunciar a parqueaderos FERRARI donde enviaron mi vehículo que fue embargado violando el debido proceso? hace mas de 4 años ocurrió esto y durante este tiempo lo han sacado, ha estado en Yopal, tienen el SOAT, al día, la revisión tecnomecanica, lo han deteriorado, hasta el juzgado ha sido testigo de esto pues cuando lo fuy a ver no estaba el el parqueadero, hice oficio al juzgado y al otro día el parqueadero informa al juzgado que ya esta en el sitio. Ahora el secuestre no se dejaba encontrar la información de la carpeta que tienen en los juzgados no es vera, lo investigue y resulto ser hijo de una persona que trabaja en un juzgado, el papa también es secuestre y a iodas dices que son una mafia que desaparecen los vehículo...
    Por favor donde hago esta denuncia? quien debe responder por daños, perjuicios,abusos....? acaso el estado?; el parqueadero? pero quien los vigila?, el juzgado? gracias por su amable ayuda, soy una mujer sola, soltera, y no cuento con los recursos para un abogado, pero me sobran ganas para hacer las gestiones pertinentes para denunciar y hacer valer mis derechos... mil gracias, estaré pendiente de sus comentarios para poder proceder...

    • ANTONIO FANDIÑO dice:

      LE ACONSEJARIA QUE DENUNCIE ANTE LA FISCALIA AL DUEÑO DEL PARQUEADERO POR ABUSO DE CONFIANZA Y DAÑO EN BIENAJENO ADEMAS AL SECUESTRE AL CUAL TAMBIEN DEBE REQUERIR MEDIANTE EL JUZGADO POR LA FUNCION PARA LA CUAL FUE ENCARGADO .ANIMO

  2. Andres Eremiev dice:

    Pregunto presente tutela contra el ICBF por no dar respuesta a un derecho de peticion donde mi hijo menor esta siendo agredido sicologicamente por la madre, solicito evaluacion sicologica, evaluacion socioeconomica y reevaluar la custodia y cuidado personal del menor. El ICBF presenta un recurso donde aparentemente me contesta mi derecho de peticion, sin embargo no adjunta el documento de la evaluacion sicologica del menor, tampoco el resultado de la trabajora social. El documento que presenta inclusive niegan tener un sicologo de planta,lo que es falso, no restaura los derechos del menor segun acta de consiliacion donde se establece el regimen de visitaa, no restaura el derecho a la comunicacion telefonica entre mi hijo y yo, el documento que presenta como descargo el ICBF dice ser devuelto por encontrarce cerrado el lugar de direccion, la empresa de correo ratifica que nunca estuvo ese documento en poder de ellos, presenta un sello de devolucion adulterado. en definitiva no se cumplieron los tres pedidos en el derecho de peticion ni en la respuesta de la tutela:
    1.-Nunca presentaron el informe sicologico
    2.-nuncapresentaron el informe de la trabajdora social.
    3.-No restauraron los derechos del menor y me violaron derecghos fundamentales,pregunto pienso instaurar nueva tutela contra el ICBF por: violacion al debido proceso y violacion a derechos fundamentales, existe un modelo de tutela direccionada a este tema, gracias.

  3. JOSE M GARCIA R. dice:

    Los Administradores y Consejos que se rigen por la Ley 675 de 2001 estan obligados,legalmente, a cumplir con el DEBIDO PROCESOS EN TODAS sus actuaciones? Ante quien se puede acudir cuando no se cumple este Derecho Constitucional? Son personas que funcionan como ruedas sueltas sin que deban cumplir un mandato legalk?

  4. jose jairo de armas dice:

    (El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.
    El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales (véase Debido proceso fundamental) por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos.
    El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos.
    El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente (QUISBERT, Ermo, ¿Que es el Debido Proceso Penal?).
    Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto:
    Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso.
    La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social.
    Índice [ocultar]
    1 Derecho al debido proceso
    1.1 Derecho al juez predeterminado por la ley
    1.2 Derecho a un juez imparcial
    1.3 Legalidad de la sentencia judicial
    1.4 Derecho a asistencia letrada
    1.5 Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete
    2 El problema de asegurar el debido proceso a las personas
    3 Regulación por país
    3.1 Argentina
    3.2 Chile
    3.3 España
    4 Véase también
    5 Enlaces externos
    Derecho al debido proceso[editar · editar fuente]

    En vista de que el Estado, por vía del Poder o Rama Judicial toma para sí el control y la decisión respecto a conflictos que tengan que ver con la interpretación o violación de la ley y que de dichos conflictos una persona puede resultar sancionada o lesionada en sus intereses, se hace necesario que en un Estado de derecho, toda sentencia judicial deba basarse en un proceso previo legalmente tramitado que garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que actúen o tengan parte en el mismo. Quedan prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto es especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad del proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa judicial.
    No existe un catálogo estricto o limitativo de garantías que se consideren como pertenecientes al debido proceso. Sin embargo, en general, pueden considerarse las siguientes como las más importantes:
    Derecho al juez predeterminado por la ley[editar · editar fuente]
    El contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina"tribunales de excepción". Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley, la que los inviste de jurisdicción y competencia. Esta constitución debe ser anterior al hecho que motiva el proceso y debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e independencia.
    Este derecho va de mano con lo que es la predictibilidad que debe garantizar un sistema jurídico ya que los particulares deben estar en la concreta posibilidad saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles los órganismos jurisdiccionales que juzgaran los hechos y conductas sin que esa determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal.
    Derecho a un juez imparcial[editar · editar fuente]
    No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso. El juez debe ser equidistante respecto de las partes, lo que se concreta en la llamada "bilateralidad de la audiencia". Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos:
    La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad, por estar relacionado de alguna manera (vínculo de parentesco, afinidad, amistad, negocios, etc.) con la parte contraria en juicio.
    Una de las garantías básicas en el estado de derecho, es que el tribunal se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio y, además, atienda genéricamente una clase particular de casos y no sea, por tanto, un tribunal ad hoc creado especialmente para resolver una situación jurídica puntual.
    Legalidad de la sentencia judicial[editar · editar fuente]
    En el área civil, la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso, lo que se concreta en la proscripción de la institución de la ultra petita. En el área penal, la sentencia judicial sólo puede establecer penas establecidas por la ley, por delitos también contemplados por la misma.
    Derecho a asistencia letrada[editar · editar fuente]
    Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que entienda de cuestiones jurídicas (generalmente un abogado). En el caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la institución del defensor o abogado de oficio, designado por el Estado, que le procura ayuda jurídica gratuita.
    Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en un proceso judicial pueda contar con las mejoras formas de defender su derecho (y de estar realmente informado del verdadero alcance del mismo) es que se consolida dentro del derecho al debido proceso el derecho de toda persona a contar con el asesoramiento de un letrado (abogado), una persona versada en Derecho. De esa forma se busca garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción.
    Existen algunos sistemas jurídicos donde esta garantía es irrenunciable, debiendo los particulares contar siempre con la asesoría de un abogado. Sin embargo existen también sistemas jurídicos que liberalizaron el principio estableciendo la obligación sólo en determinadas materias (Derecho penal). El derecho se consideraría vulnerado si a algún particular no se le permitiera asesorarse mediante un abogado aunque también se señala que se causaría una vulneración al mismo cuando la asesoría brindada (principalmente en el caso de abogados de oficio brindados por el estado) no ha sido la idónea.
    Dentro de este derecho, se podría identificar dos caracteres:
    El derecho a la defensa de carácter privado, concretado en el derecho de los particulares a ser representadas por profesionales libremente designados por ellas.
    El derecho a la defensa de carácter público, o derecho del justiciable a que le sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y se encontrase en uno de los supuestos que señala la ley respectiva.
    Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete[editar · editar fuente]
    Basado en el reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural, se señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un Tribunal mediante el uso de su propia lengua materna. Asimismo, en el caso de que una persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la natural, tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado.
    Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la variedad lingüística es amplia (principalmente Europa donde es recogido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Sin embargo, su contenido no sólo se entiende a nivel internacional sino incluso nacional en el caso de que dentro de un país exista más de una lengua oficial o la Constitución del mismo reconozca del derecho de las personas de usar su lengua materna. las reglas del Debido Proceso influyen y se aplican a las actuaciones y formalidades realizadas por aquellas personas que accionan activamente en justicia sea en calidad de demandantes, acusadores privados, querellantes etc., así también se aplican a los actos procesales de aquellos individuos que son sujetos a dicha acción, por ejemplo los justiciables, imputados o demandados. Por lo que las normas del Debido Proceso deben beneficiar igualitariamente a todas las partes en un Proceso Judicial, sean demandantes o fueren demandados o acusados.
    El problema de asegurar el debido proceso a las personas[editar · editar fuente]

    La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución francesa, en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban la voluntad del rey y no la justicia. En ese sentido, dentro del moderno estado de derecho, se entiende que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la justicia.
    Sin embargo, ello no siempre se condice con las condiciones del mundo actual. Es que, en alguna situaciones los jueces se ven influenciados por la promoción, publicidad y consecuencias que pudieren tener sus actos. Además, no siempre las partes están en equivalencia de condiciones, debido a que el litigante con mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados, mientras que los litigantes de menores recursos dependerán muchas veces de defensores de oficio ofrecidos por el Estado, que se encargan de una gran cantidad de casos y cuentan con reducidos recursos.
    Por otra parte, el acceso del ciudadano común y corriente a la justicia se ve dificultado por el hecho de que el quehacer jurídico genera su propia jerga o argot, lleno de términos difíciles de comprender para el profano y que, por tanto, no siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro del proceso.
    Todas estas situaciones desvirtuan el debido proceso y son materia de debate en la actualidad. Generan, en consecuencia, una constante búsqueda de soluciones para resolver la cuestión.
    Regulación por país[editar · editar fuente]

    Argentina[editar · editar fuente]
    La Constitución Nacional establece en su artículo 18 los principios fundamentales del derecho al debido proceso:
    Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
    Chile[editar · editar fuente]
    La Constitución chilena establece en el artículo 19 N° 3 que se garantiza a toda persona La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Este numeral desarrolla luego una serie de garantías relativas a este derecho, que son:
    Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez (incisos 2° y 3°).
    Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones especiales (inciso 4°)
    Legalidad del proceso (inciso 5°)
    No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 6°)
    En materia penal, ley previa y expresa (incisos 7° y 8°)
    El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. Ante el Tribunal Constitucional se puede solicitar, por los órganos colegisladores, la anulación de proyectos de ley, tratados internacionales, decretos del Presidente y autos acordados de los tribunales superiores.
    También ante el Tribunal Constitucional, las partes de un proceso pueden solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto que vulnere alguno de los aspectos del debido proceso. Además, el artículo 20 de la Constitución permite el ejercicio recurso de protección contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren la garantía de prohibición de comisiones especiales.)

  5. mary ramirez dice:

    en el debido proceso que significa el principio de legalidad

    • JOSE M GARCIA R. dice:

      Los Administradores y Consejos que se rigen por la Ley 675 de 2001 estan obligados,legalmente, a cumplir con el DEBIDO PROCESOS EN TODAS sus actuaciones? Ante quien se puede acudir cuando no se cumple este Derecho Constitucional? Son personas que funcionan como ruedas sueltas sin que deban cumplir un mandato legalk?

  6. leoinardo montero dice:

    Mi nombre Leonardo Montero trabaje como independiente hasta diciembre del año pasado 2011, desde el 1ro de Enero de 2012 a la fecha no cancele salud y pensión por no tener ningún trabajo formal, informal o como independiente profesional. me acerque a mi eps salud total y me comunican que me encuentro en mora los meses Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre.

    mi pregunta es ¿debo cancelar estos dineros de pensión y salud de los meses cobrados por la empresa salud total eps?, en el momento de realizar el proceso de cancelar pensión y salud no recibí información por parte del operador salud total eps de que debía realizar una carta informando la terminación de mi contrato de prestación de servicios profesionales.

  7. fredy ramirez dice:

    Mientras algunos Artistas han muerto en la mas penosa situacion de miseria,pasa lo que pasa,ahora que la Organizacion esta promoviendo muchas demandas,buscando mas dividendos,sencillo todo se caera al piso por falta de legitimacion en la causa por activa,tome pa que lleven.

  8. walterherrera dice:

    quisiera saber si los inspectores de policía de los municipios en Colombia deben respetar el debido proceso en sus actuaciones administrativas , pues dan credibilidad a la parte que primero formula la queja e imponen restricciones y cargas a la otra parte sin oír los argumentos que estos puedan tener para su defensa y contradicción dando a entender que estos son procesos administrativos unilaterales y que no opera este derecho constitucional

    • yadil jalil dice:

      en estos eventos podernos decir que el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente “para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

      EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA

      El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”
      De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. Sobre el debido proceso administrativo la Corte se ha manifestado en reiteradas oportunidades y ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos. Conviene recordar lo que sobre el punto ha precisado esta Corporación: “La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características”.
      “El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales”

      El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales.
      El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique. (Corte constitucional, Sentencia 1021 de 2002).

  9. milena vargas dice:

    llevo mas de 5 años trabajando en un conjunto como administradora con una orden de prestacion de servicios, la cual no se hace prestacion por que me hiciero cumplir un horario y hay suordinacion por parte del consejo de administracion, sin embargo dos miembros del consejo llegan a violentar las guardas de la oficina de adminstracion, llegan revuelcan todo los cajones, papeleria y luego de cometer este atropeyo se inventan una suspension de mis funciones como administradora, y se inventan una auditoria sin mi presencia, y la cual nunca la hace el revisor fiscal, sino el autoriza a que la hagan el contator y el abogado que se contrato para la cartera se violo en este caso el debido proceso

  10. gustavo alba torres dice:

    Permitame agradecerles la publicacion que estan realizando en temas tan importantes de la vida cotidiana me gustaria se me comunique las ultimas jurisprudencias de actualidad.

    gracias,

    Gustavo A. torres

  11. Néstor Valencia dice:

    Cordial saludo.

    Quisiera conocer, si una institución educativa está en la obligación de aplicar el debido proceso para poder sancionar a un estudiante, por alguna falta cometida, o si puede únicamente sancionar al estudiante de acuerdo al manual de convivencia aprobado por la institución?.
    Gracias por su colaboración.

  12. DIANA ISABEL dice:

    Buena tarde

    tengo una duda y espero me puedan colaborar.

    cuando el contrato fijo inferior a un año cumple sus prorrogas, cual es la fecha que se toma ya de vencimiento al pasar a un año, si difiere de la fecha de ingreso puesto que el primer contrato fue de tres meses y las prorrogas de seis meses

    muchas gracias

  13. LUCITA dice:

    Gracias por los comentarios, en este caso por el debido proceso, porque se vulnera por accion y omisión de los administradores de justicia, y la gente del comun no sabe que es lo que sucede. y Ustedes prestan un servicio social optimo.

  14. CORDEPBOL dice:

    Uno de los problemas mas constantes y violatorios del DEBIDO PROCESO, es el incumplimiento de los términos, que acorde con esa misma constitución son de cumplimiento obligatorio y su desatención será sancionada inclusive con la destitución del cargo y por que no con el delito de PREVARICATO POR OMISION Y/O ABUSO DE AUTORIDAD.

    Es por ello, que los estrados judiciales, están atestados de TUTELAS por el incumplimiento reiterado de las autoridades en darle respuestas a las PETICIONES DE LOS PARTICULARES dentro de los términos establecidos.

    Inclusive aun con las TUTELAS FALLADAS a favor de los petentes, siguen violando esos TERMINOS y se debe acudir al DESACATO. Por ello se hace indispensable adicionar el Decreto relacionado con esta Acción Pública, para que cada vez que se tutele un derecho, se ordene investigar por lo menos disciplinariamente al FUNCIONARIO NEGLIGENTE.

    Y el ACCIONANTE, cada vez que interponga un desacato, debería presentar también una denuncia por FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL contra el FUNCIONARIO que no acató la orden impartida por el JUEZ CONSTITUCIONAL y verán que con el tiempo todos los FUNCIONARIOS cumplirán con dichos términos.

  15. DIANA DIAZ TORRES dice:

    ES MUY CHEVERE ES BUENO QUE HAGAN ESTO PARA QUE LAS PERSONAS EN ESPECIALMENTE LOS JOVENES CONOZCAN MAS SOBRE LOS PROCESO

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