Decreto 3029 de 2013, su publicación y su validez

El decreto 3029 fue expedido el pasado 27 de diciembre de 2013, sin embargo su publicación en diario oficial nunca se hizo. En años anteriores, ocurrió algo similar, donde el Ministro de Hacienda de su momento, Dr. Juan Carlos Echeverry, culpo a el mensajero de corrupto. La lección no fue aprendida y comenzamos el año 2014 con una nueva afrenta a los contribuyentes.

Pues bien, ante semejante suceso, algunos medios cercanos a las áreas del derecho tributario, tildaron el decreto 3029 de 2013 como invalido en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto consideran recomendable, que loa sujetos pasivos del CREE  en su calidad de Autorretenedores, ajusten las tarifas aplicadas en concordancia con el decreto 1828 de 2013, hasta el 8 de enero, e inclusive hasta final de mes. Para luego si dar plena aplicación al decreto 14 de 2014.

Tal afirmación es contraria a la ley, nuestro argumento es simple, la no publicación en diario oficial no implica que el decreto 3029 de 2013 sea invalido. Simplemente “su obligatoriedad”, no se llevó a cabo y careció de eficacia la norma. Así lo reconoce la corte constitucional, la cual en sentencia C-957 de 1999 señaló:

“De otra parte, en relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter general o particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha sido firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin embargo, su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad. En este evento, se está ante un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo. Así lo reconoció la citada Corporación en un caso concreto, al resolver un recurso de apelación relativo a la nulidad del Decreto 0925 de 1991, mediante providencia calendada 23 de junio de 1994, MP. Dra. Dolly Pedraza de Arenas, cuando sostuvo que:

"Carece por tanto de fundamento el cargo de nulidad dirigido por la parte actora contra el Decreto 0925 de 1991 que determina la planta de personal de la entidad por haber sido expedido antes de que se publicara el decreto de reestructuración de la misma (..), toda vez que si bien éste debía ser publicado, por corresponder a una normativa interna de la administración y no contener afectación alguna a la libertad de los administrados, podía aplicarse aún antes de efectuarse su promulgación sin que ello afecte la validez de los actos de ejecución. Aún sin la publicación el decreto era oponible a la actora, pues le fue dado a conocer a través de comunicación persona que era el medio pertinente, toda vez que aun cuando se trata de un acto de contenido general no puede desconocerse que produjo la afectación de una situación jurídica individual y concreta de quien ocupaba el cargo" (negrillas y subrayas fuera de texto).”

Es claro, que el decreto 3029 de 2013 podía aplicarse aun sin su publicación en diario oficial, y por ende, los autorretenedores del CREE, no tendrán que realizar los ajustes que le están siendo recomendados.

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