¿Derechos laborales extralegales pueden tener una prescripción diferente?

Resulta cotidiano que las empresas otorguen a sus empleados algunos derechos laborales extralegales vía acuerdo contractual o convención colectiva de trabajo, derechos que por supuesto exceden a los mínimos exigidos por la ley. ¿En este caso es viable que las partes pacten un tiempo de prescripción diferente?

La prescripción de los derechos laborales ocurre a los tres años de haberse causado o hacerse exigibles según lo reza el artículo 488 del código sustantivo del trabajo. ¿Podrían las partes pactar que la prescripción de los derechos extralegales fuera menor a esos tres años?

Frente a este tema, en sentencia 39601 del 21 de febrero de 2012 de la sala laboral de la Corte suprema de justicia el magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, al aclarar su voto hace una reflexión muy interesante en donde se puede vislumbrar la posibilidad de pactar un periodo de prescripción de los derechos extralegales  menor al contenido por el artículo 488 del código sustantivo del trabajo:

“Pero existen derechos laborales de naturaleza extralegal que, por ir más allá del derecho necesario, no hacen parte sustancial del orden público laboral. Estos derechos tienen como fuente el acuerdo libre nacido entre las partes en una convención o pacto colectivos o en un contrato. Dada esta característica extralegal, será válido que dichas partes acuerden para esos derechos unos términos prescriptivos menores al trianual consagrado en la ley, siempre y cuando en la determinación de esos lapsos se observen criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ejemplos de estos derechos serían aquellos beneficios que se erigen por encima de los mínimos legales, como una prestación para anteojos, un auxilio escolar o universitario, un auxilio por calamidad doméstica, un derecho a primas extralegales o al suministro de alimentación, etc. La posibilidad de estipular términos prescriptivos inferiores a los legales en estos casos, obedece a la naturaleza de las cosas, pues no tendría sentido que ciertos derechos extralegales, cuyo objeto supone que la oportunidad para reclamarlos deba verificarse dentro de un período razonable y relativamente corto -siguiente al hecho o hechos que los causan-, puedan ser exigidos por el trabajador cuando ya ha transcurrido un lapso en que ellos están previsiblemente superados.

Es decir, si trabajadores y empleadores, por virtud de la autonomía de la voluntad, acuerdan libremente el reconocimiento de un beneficio extralegal –que de suyo entrañe una situación más favorable para el trabajador, bien sea porque el beneficio va más allá de los parámetros legales mínimos, o bien porque la propia ley no lo contempla- y pactan además un término razonable y proporcionado de prescripción para ello, inferior al legal, deberá estarse a tal estipulación.  Lo razonable y proporcionado de un lapso de prescripción fruto del acuerdo, inferior al legal, dice relación no solamente a la naturaleza y características del derecho o beneficio pactado entre trabajadores y empleadores, sino también a que él permita la posibilidad de que los primeros puedan formalmente interrumpir la prescripción, según lo establece el artículo 489 del CST, 151 del CPTSS y, en lo pertinente, el artículo 6º de esta última codificación, relativo a la reclamación administrativa, así como instaurar las correspondientes acciones legales, si así lo decidieren.

Sin embargo, no será válido dicho pacto en tratándose de derechos de raigambre legal, que constituyen derechos mínimos para el trabajador, pues en estos casos el término de prescripción será forzosa y exclusivamente el consagrado en la ley, ya que, como antes se anotó, dicho término hace parte del orden público laboral. En efecto, los términos prescriptivos consagrados por los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, así como los estatuidos en los artículos 41 y 102 de los decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, o los correspondientes a otras acciones, como la del reintegro previsto en el art. 8º del D. 2351/65, reglamentado en el # 7 del art. 3º de la Ley 48 de 1968, constituyen derecho necesario, lo cual significa que las partes del contrato de trabajo o de la convención o pacto colectivos, no pueden estipular válidamente términos prescriptivos inferiores a los previstos en tales normas legales, pues ellos, se repite, constituyen elementos normativos del orden público laboral.

Por lo anterior, en mi criterio el Tribunal se equivocó, habida cuenta que, a pesar de tener ante sus ojos la cláusula convencional que establece para la acción de reintegro allí instituida el término de prescripción de un año, estimó, desde la óptica jurídica, que debía ser de tres años, según lo ordenado por los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Ha de notarse, en efecto, que la providencia censurada no tuvo en cuenta que la convención colectiva -cuya validez no está en duda-, en su artículo 146 instituyó un derecho convencional, por encima del derecho necesario, que implicó una condición más favorable y beneficiosa para el trabajador. En efecto, dicha cláusula consagra una acción que, según la reiterada jurisprudencia de esta Sala, no está reconocida por la ley como derecho mínimo para el trabajador oficial (calidad que, no se discute, poseía el promotor del litigio), como lo es el reintegro. Con ello, y como fruto de la negociación colectiva, la empleadora y su sindicato acordaron un beneficio extralegal para los trabajadores oficiales de la primera, que de otra manera éstos no podrían reclamar. Y al poseer dicha acción de reintegro naturaleza extralegal, las partes podían -como ya se anotó antes- establecer un período de prescripción inferior al trianual consagrado en la ley, que convinieron en un año. Este período pactado es razonable, pues consiste en un lapso que permite con suficiencia al trabajador ejercer su reclamo, interrumpir la prescripción y recurrir ante los jueces, si así lo estimare necesario, como en efecto sucedió.

Sin embargo, en la plataforma fáctica del caso se advertiría que, si bien el contrato de trabajo terminó el 8 de julio de 2002, el demandante interpuso la reclamación administrativa ante la accionada el 4 de marzo de 2003. Y, dado que la demanda se presentó el 25 de julio de 2003, resulta palmario que la acción consagrada convencionalmente no se encontraba prescrita.

Por tal razón, y aunque el juez de apelaciones incurrió en el desacierto ya anotado, la sentencia recurrida no sería casada, toda vez que tales inadvertencias del Tribunal, aunque notorias, no son trascendentes, en la medida en que la acción de reintegro convencional no se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción, dado que la reclamación administrativa se interpuso dentro del término previsto en la convención colectiva.”

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