DIAN modifica su doctrina en relación con la limitación de los beneficios en virtud del contrato de estabilidad jurídica

El 2 de marzo de 2016, señalamos con a través de la doctrina, la DIAN había señalado que los beneficios tributarios en virtud del contrato de estabilidad jurídica, estaban limitados hasta el monto de la inversión pactado en el contrato. Así por ejemplo. Un contribuyente que habiendo suscrito un contrato de estabilidad jurídica  donde pactó una inversión de 5.000 millones de pesos, no pueda acceder a la deducción por activos fijos reales productivos, en caso de haber estabilizado la norma, por inversiones superiores a dicho monto. (Deducción por activos fijos reales productivos en contratos de estabilidad jurídica)

Lo anterior haría que pierda el atractivo de inversión que pudiesen tener las compañías que firmaron dichos contratos.  En ese sentido la DIAN inicialmente dispuso en oficio 001514 del 9 de febrero de 2016:

“En consecuencia, de acuerdo con las normas anteriormente transcritas, la protección normativa operará frente a las normas que son determinantes para la inversión que realice el contratista, la cual debió haber quedado plasmada de manera clara y expresa en el contrato, y los beneficios de dichas normas estabilizadas se pudieran desprender aplican solo para los montos relativos a la misma, y no para potenciales inversiones posteriores debido a que estas no se encuentran dentro del contrato, en conclusión la protección normativa opera única y exclusivamente frente al monto objeto de la inversión estipulada contractualmente.

En este orden de ideas, utilizar los beneficios, que para el caso de la consulta es la deducción por activos fijos reales productivos de que trata el artículo 158-1 del estatuto tributario, con valores diferentes a los estipulados en el contrato para la inversión, seria aplicar de manera indebida esta figura, ya que su uso o utilización por encima del valor acordado no se acoge al contenido normativo ni del contrato, toda vez, que por dichas sumas adicionales el Estado no recibió beneficio alguno, en el marco del contrato.”

No obstante, en un reciente pronunciamiento, y con ocasión de la solicitud elevada por la ANDI para la reconsideración de la doctrina, la entidad mediante oficio O Nº 811-021786  de 16 de agosto de 2016 dispuso:

“así las cosas, era posible que la  solicitud de celebración de los contratos cobijara toda la actividad económica del inversionista con los requisitos que se mencionan en el aparte anteriormente citado, de los cuales se destaca la obligación por parte del inversionista de demostrar la magnitud y el carácter indiferenciable de estas respecto de las generales por la inversión original.

Por esta razón no se puede afirmar que las normas estabilizadas y los beneficios que de dichas normas se pudieran desprender aplican solo para los montos relativos a la misma, y no para toda la actividad económica del contratista, pues esto desconoce lo señalado en el referido documento CONPES”.

Y continúa:

“nótese como la prima constituye el costo para el inversionista de la suscripción de este tipo de contratos, pero ni esta ni el valor de la inversión realizada pueden limitar el valor de la deducción contemplado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, respecto del cual se reitera que en el evento de haberse identificado como determinante de la inversión, y por esta vía estabilizado, debe observar las condiciones para su procedencia y deducibilidad.

En este caso se atenderá a los requisitos que de manera general deben cumplir las expensas necesarias incurridas en desarrollo de la actividad productora de renta, así como lo establecido tanto en la ley como en el reglamento, en este caso el Decreto 1766 de 2004 y la interpretación que de estas normas se ha realizado, esto por el termino de duración del contrato.

Los anteriores aspectos deberán ser observados tanto si la norma fue estabilizada en función de la actividad del inversionista o del proyecto de inversión.

En mérito de lo anteriormente expuesto se aclara el oficio, No 000056 del 29 de enero de 2016, en cuanto a que, cuando se hayan estabilizado en el CEJ las normas tributarias de manera específica a su actividad económica, conforme al Documento Conpes No 3366 de 2005, los beneficios no estarán limitado a los montos relativos al proyecto de inversión, considerando las condiciones y requisitos tributarios para su reconocimiento."

Si bien, la reconsideración de la doctrina no deja del todo al contribuyente la facultad discrecional de la inversión, si la considera en función de la “actividad económica del mismo” según se hubiese firmado el contrato, y no solo al monto de la inversión contractualmente establecida. Lo que significa un alivio para este tipo de  contribuyentes tan particulares en nuestra legislación tributaria.

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