Dian y fiscalía deberían crear una unidad conjunta para judicializar a los contribuyentes que cargan falsos pagos a terceros inocentes

Una de las formas que bien podríamos llamar infames en que incurren los contribuyentes para evadir impuestos es imputar pagos  falsos a nombre de terceros inocentes, que desconocen que algunas empresas les están declarando pagos a nombre de su Nit, lo que en el futuro les puede representar grandes problemas con la Dian, verdaderas tragedias.

Existe todo un mercado negro entorno a este asunto. En varias ciudades se consiguen paquetes de Nit  que se llegan a pagar hasta $500.000 cada uno con el fin de cargarles pagos falsos, que nunca se desembolsan y que luego son imputados como costo o deducciones, y si bien hay personas que voluntariamente prestan o venden su Nit para ello, la gran mayoría de las veces no es así, sino que de forma abusiva le son cargados pagos sin que estos desafortunados se enteren.

Luego viene el problema con la Dian para estos inocentes, pues la Dian les profiere un emplazamiento para declarar en función de los datos reportados por esos terceros, pagos que la persona nunca recibió, pero que figuran en la información exógena, y al Dian da como ciertos esos reportes e inicia el proceso administrativo y el contribuyente tiene que entrar a demostrar la falsedad de esos reportes, tarea muy difícil para muchas personas que carecen de los recursos necesarios.

Hemos tenido acceso a un reporte de información exógena en el que a simple vista se evidencia el fraude. Encontramos que a  un mismo Nit le reportan 13 pagos por servicios de transporte  siendo el contribuyente un fontanero,  y cada pago con una dirección distinta, con  barrios que ni siquiera existen en la ciudad, y con base a eso la Dian profiere el emplazamiento para declarar sin hacer la más mínima evaluación de la calidad probatoria que pueda tener un documento con tales inconsistencias.  Le cobra un millonario impuesto y le traslada la carga de la prueba al pobre infeliz que  tiene ingresos que no llegan a dos salarios mínimos mensuales.

Este tipo de prácticas deben ser judicializadas. Allí se incurre en un delito penal, cuanto menos falsead en documento privado, tal vez concierto para delinquir y  hasta se hablar de  fraude o  intento de fraude porque se falsifica un documento con la intención de defraudar al estado y de paso perjudicar a un tercero denunciando que se le pagó un dinero que nunca fue entregado. Se trata de una problemática que se le debe prestar atención y tratar de erradicar porque está causando graves traumatismos a personas de bajos recursos que nada tienen que ver con el asunto y a los que les queda muy difícil desvirtuar tales reportes.

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