Diferencias entre la acción popular y la acción de grupo

Si bien tanto la acción popular como la acción de grupo se encuentran reguladas por la ley 472 de 1998 estas acciones revisten muchas diferencias, donde la principal es la finalidad que cada una persigue; la acción de grupo es eminentemente indemnizatoria pues con ella lo que se busca es que se repare un daño causado a un conjunto de personas, mientras que la acción popular es preventiva su finalidad es evitar que se cause un daño cuando se está vulnerando o violando derechos o intereses colectivos.

Pese a que la acción popular,  cuando no se pueda efectuar el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, en caso de haberse causado un daño, puede tornarse indemnizatoria, la indemnización que puede darse en esta se hace al colectivo, mas no hay indemnización individual como si la hay en la acción de grupo.

También puede diferenciarse estas dos acciones por lo siguiente:

  • Caducidad: la acción popular no tiene caducidad alguna solo es necesario para su procedencia que exista amenaza o peligro de vulneración o violación del derecho o derechos e intereses colectivos, mientras que la acción de grupo tiene una caducidad de dos años siguientes a la causación del daño.
  • Para ejercer una acción de grupo se requiere un conjunto de 20 personas  que se les haya causado el daño por las mismas causas o circunstancias, en cuanto de la acción popular  se trata, una sola persona puede interponerla sin necesidad que se tenga que identificar un grupo de personas.
  • Las acciones de grupo deben ser presentadas por intermedio de abogado, mientras que las acciones populares puede presentarla el mismo actor popular o por intermedio de abogado a elección del actor.
  • Legitimación: la acción de grupo podrá ser interpuesta por las personas afectadas o por el defensor del pueblo, los personeros municipales o distritales en nombre del afectado que se lo solicite o cuando este se encuentre en estado de indefensión, la acciones de populares además de las personas mencionadas, por los alcaldes, servidores públicos, procurador general de la nación,  organizaciones populares no gubernamentales o cívicas, entidades publicas que cumplan funciones de control o vigilancia.

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