Economía sumergida

La economía sumergida hace referencia a las actividades económicas y comerciales que se realizan por fuera del control fiscal o tributario y del sistema de seguridad social.

La economía sumergida afecta a casi todos países pero en mayor medida a los países en desarrollo donde la economía sumergida incluso es tolerada y utilizada como contención social.

A la economía sumergida pertenecen todos aquellos negocios informales que no pagan impuestos, que no se afilian a la cámara de comercio, y que no afilian al sistema de seguridad social a sus trabajadores  y en general cualquier actividad económica personal o de auto empleo que queda por fuera de cualquier sistema de control estatal, aunque también pertenecen a esta grandes sectores económicos que por su poder logran escapar al control fiscal del estado.

Este tipo de economía causa un gran perjuicio al estado debido a que por la evasión de impuestos se dejan de ingresar grandes recursos fiscales que afectan la financiación gubernamental, pero de otra parte, como lo decíamos al principio, actúa como una especie de contención social, toda vez que una sociedad con altos índices de desempleo y pobreza, encuentra una solución de sobrevivencia en la economía sumergida, que de no ser por ella conllevarían a una explosión social que agitaría el orden interno de cualquier país.

Esa es una de las razones por la que algunos estados no pueden o no quieren imponer controles más efectivos y rigurosos sobre muchos componentes o sectores de la economía sumergida pues el efecto social sería enorme.

Por ejemplo, expulsar los vendedores ambulantes de una ciudad u obligarlos a pagar impuestos y contribuciones hace que dicha actividad sea inviable, quitándole la única fuente de ingresos a cientos de miles de personas que ante la imposibilidad de procurarse por sí mismos los recursos mínimos necesarios  para no pasar hambre, seguramente se verán empujados a la delincuencia y engrosar las filas de los grupos al margen de la ley.

Sin embargo los estados sí tienen un margen para actuar contra algunos componentes de esa economía sumergida que sí tienen capacidad económica para contribuir a la financiación del estado pero no se hace por razones políticas o por la capacidad que estos sectores tienen para torcer la voluntad del legislador o de las entidades de control a través de sobornos.

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