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Efectos de los conceptos emitidos por la Dian

Los conceptos emitidos por la Dian han sido objeto de múltiples controversias, toda vez que a pesar de que no son una fuente formal de derecho, la Dian suele tomar decisiones motivadas y sustentadas en ellos.

Respecto a esta situación, la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia del 12 de mayo de 2010, expediente 16534, se ha pronunciado de la siguiente forma:

Adicionalmente, con respecto a la vinculatoriedad y los efectos de los conceptos emitidos por la DIAN, esta Sección ha precisado que “los conceptos que en ejercicio de las funciones expide la División de Doctrina Tributaria de la Dirección de impuestos Nacionales, constituyen interpretación oficial para los funcionados de la entidad”  y,  “aunque no son obligatorios para los contribuyentes, si son un criterio auxiliar de interpretación.”

Lo anterior permite inferir que el requerimiento especial podía fundamentarse no sólo en las normas tributarias aplicables al caso, sino también en el Concepto 045992 del 12 de junio de 1998, el que además de ser de obligatorio cumplimiento para la Administración, sirve como criterio auxiliar de interpretación oficial.

Queda claro entonces que si bien los conceptos jurídicos emitidos por la Dian no vinculan al contribuyente, sí son válidos en la medida en que los funcionarios pueden o deben actuar con forme su propia doctrina, tanto que hasta puede motivar plenamente sus actos administrativos con sus propias interpretaciones.

Lo anterior no significa que el contribuyente no pueda controvertir la doctrina de la Dian, ya que  puede hacerlo demandando la nulidad de los conceptos, o controvirtiendo sus argumentos  en la vía contencioso administrativa, donde la doctrina de la Dian no suele tener valor.

Una de las razones por la que en muchos casos los contribuyentes consideren inútil discutir con la Dian  y en ocasiones decidan recurrir  al principio Per Saltum, es debido a que la Dian se obstina con su propia doctrina, manteniéndose tercamente en el error, obligando a que el contribuyente deba recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa.

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