Efectos sociales del decreto 1070 de mayo de 2013

Recientemente el gobierno expidió el decreto 1070 (de mayo 28 de 2013), con el que reglamentó, entre otros aspectos el parágrafo 2 del artículo 108 del estatuto tributario en cuanto a la obligatoriedad que tiene el contribuyente de verificar la afiliación y pago de los aportes a seguridad social por parte de los contratistas o trabajadores independientes, lo cual tiene un gran efecto social que al parecer no fue evaluado por el legislador y  menos por los técnicos o burócratas que redactaron el decreto reglamentario.

El artículo 3 del decreto 1070 condiciona la deducción del impuesto a la renta de los pagos realizados a contratistas o trabajadores independientes,  a que el contribuyente verifique que el  trabajador independiente o contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social en debida forma, esto es, que pagó salud, pensión y riesgos laborales sobre los pagos realizados por el contribuyente derivados de la relación contractual en cuestión.

En la práctica significa que si la empresa contrata a una persona para que le arregle la fachada de sus instalaciones, labor por la cual le paga $200.000, podrá deducir de la renta ese pago sólo si ese contratista cotizó al sistema de seguridad social sobre ese valor.

El problema surge cuando a esos pequeños contratistas, esos trabajadores informales que se dedican al rebusque un  día acá y otro allá, y que el DANE no cuenta entre los desempleados, les resulta imposible realizar aportes a seguridad social por cada pequeño contrato que ejecutan, puesto que ello implicaría perder la calidad de afiliados al SISBEN, y en tal caso, el dinero que obtengan en uno que otro contrato que logren conseguir, no les será suficiente para pagar la costosa e inútil seguridad social con la que las EPS se enriquecen y los políticos hacen comilona y francachela.

Lo anterior hará que las empresas adopten como política no contratar a personas que estén afiladas al SISBEN ya que por sus características no están en condiciones de pagar la seguridad social de su bolsillo lo que impide que quien los contraten puedan deducir esos pagos del impuesto a la renta.

Cientos de miles de trabajadores informales serán excluidos del mercado laboral con esta norma. Si ya es difícil conseguir trabajo para trabajadores de bajos recursos, con esta norma será simplemente imposible lo cual tendrá graves repercusiones sociales  debido a que muchos trabajadores no tendrán opción alguna de procurarse ingresos de sustentación debido a este tipo de normas excesivamente fiscalistas y sin ningún contenido social. Una absoluta contradicción cuando el gobierno prometió menos impuestos y más inclusión social. Nada más alejado de esa intención. Han hecho exactamente lo contrario, como buenos políticos, por supuesto.

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