Ejemplo de categorización de persona natural; reglamento vs doctrina

Tratándose de personas naturales residentes, y en relación con el impuesto sobre la renta, resulta de vital importancia la debida categorización del contribuyente, a fin de concluir el correspondiente sistema de determinación aplicable y, en consecuencia, el monto del impuesto a cargo, si fuere del caso.

En ese sentido, será imperativo el estudio de lo consagrado en el decreto 3032 de diciembre de 2013, toda vez que en él se indican las definiciones y parámetros de categorización de tales personas naturales; pero, también resulta debida la verificación de lo expuesto por la Administración Tributaria en su oficio 885 de julio de 2014, dado que tal pronunciamiento se “emite con el fin de precisar algunas disposiciones relativas al impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales, en virtud de las modificaciones que introdujo la Ley 1607 de 2012”.

Ahora, si bien parecerían los mencionados referentes normativos ser consistentes, claros y contundentes, en la práctica es innegablemente notoria la dificultad de categorización de las personas naturales (para efecto del impuesto sobre la renta); hecho éste que ha quedado presente en múltiples escenarios, y del cual – como consecuencia natural – se deprende el riesgo de una eventual actuación sancionatoria, por parte de la Autoridad Tributaria, en contra del contribuyente.

Pues bien, con el siguiente ejemplo se pretende poner manifiesta una complejidad a las que se podrían ver avocadas las personas naturales (residentes) al momento de colegir su categoría tributaria:

Si un transportador recibe $500.000.000 por prestar dicho servicio, pero lo presta de forma exclusiva a un almacén de cadena. ¿Qué categoría tributaria le corresponde? ¿Empleados, trabajador por cuenta propia u otros?” (Tomado www.gerencie.com “Especial de personas naturales XVI: Empleados conjunto 2, julio 30 de 2014”)

A fin de responder el interrogante formulado, es debido acudir a lo indicado en el artículo 3 del decreto 3032 de 2013 en el entendido que “para los efectos del cálculo del Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS), de conformidad con lo establecido en los artículos 336 a 341 del Estatuto Tributario, una persona natural residente en el país se clasifica como trabajador por cuenta propia si en el respectivo año gravable cumple la totalidad de las siguientes condiciones:

  1. Sus ingresos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la realización de solo una de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario;
  2. Presta el servicio por su cuenta y riesgo;
  3. Su Renta Gravable Alternativa -RGA -es inferior a veintisiete mil (27.000) UVT.
  4. El patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior es inferior a doce mil (12.000) UVT.

Parágrafo. Para efectos de establecer si una persona natural residente en el país clasifica en la categoría tributaria de trabajador por cuenta propia, las actividades económicas a que se refiere el artículo 340 del Estatuto Tributario se homologarán, a los códigos que correspondan a la misma actividad en la Resolución No. 000139 de 2012 o las que la adicionen, sustituyan o modifiquen”.  (Resaltado por fuera del texto)

Ahora, y asumiendo que para el efecto se cumplen las condiciones del 80% y del patrimonio líquido, corresponde acudir al mismo reglamento para precisar el entendimiento de la expresión “presta el servicio por cuenta y riesgo”, para ello – entonces – es de recordar que conforme al artículo 1 del aludido decreto 3032 de 2013 “una persona natural presta servicios personales por cuenta y riesgo propio si cumple la totalidad de las siguientes condiciones:

  1. Asume las pérdidas monetarias que resulten de la prestación del servicio;
  2. Asume la responsabilidad ante terceros por errores o fallas en la prestación del servicio;
  3. Sus ingresos por concepto de esos servicios provienen de más de un contratante o pagador , cuyos contratos deben ser simultáneos al menos durante un mes del periodo gravable, y
  4. Incurre en costos y gastos fijos y necesarios para la prestación de tales servicios, no relacionados directamente con algún contrató específico, que representan al menos el veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos por servicios percibidos por la persona en el respectivo año gravable.” (Resaltado por fuera del texto)

De la verificación de los citados artículos 1 y 3 del decreto reglamentario, sería simple inferir que el transportador (del ejemplo planteado) no presta el servicio por cuenta y riesgo propio, por lo cual – en consecuencia – no cumpliría el presupuesto del numeral 2 del artículo 3 del decreto 3032; y por tanto, dicho transportador no podría optar por el IMAS de los trabajadores por cuenta propia.

Ahora, y acudiendo a la doctrina de la DIAN – oficio 885 de julio de 2014 – es de hacer alusión al siguiente aparte:

Recordando que el servicio de transporte se encuentra contenido dentro de las actividades del artículo 340 del E.T., el transportador (del caso propuesto) responderá afirmativamente, quedando entonces inmerso en la categoría trabajadores por cuenta propia.

En síntesis, del acatamiento de lo ordenado por el decreto 3032 de 2013 el transportador no podría acogerse a la categoría de trabajador por cuenta propia; pero, en atención a la doctrina oficial esa persona natural debe ser considerada dentro del contexto de esa categoría tributaria.

Claro está, que de una u otra alternativa, optada por el contribuyente, ha de derivarse la aplicación de diferentes sistemas de determinación, y la obtención de distintos valores de impuesto a cargo.

Así las cosas, entonces, sería oportuno reflexionar respecto sobre cuál alternativa normativa se debe fundamentar el actuar del contribuyente, y si acorde a lo expuesto existe claridad en torno a la categorización de las personas naturales residentes.

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