El constitucionalismo de las controversias contractuales como un reto o fortalecimiento del derecho privado

En el derecho privado la celebración de los contratos plasma la manifestación de voluntades de las partes contractuales teniendo transcendencias o efectos jurídicos, tanto así que ese acuerdo es ley para los suscribientes, donde existe la presunción de la buena fe y la reciprocidad entre los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas.

Cuando las partes contractuales presentan algún tipo de desequilibrio como el económico, es necesario que el acuerdo entre particulares se impregne de constitucionalismo para la protección del derecho a la igualdad, redistribuyendo los beneficios derivados del contrato; diferente es la situación jurídica cuando el proceso de contratación y el contrato mismo no configuran condiciones de desigualdad entre las partes siendo compatibles con la Constitución Política.

Conforme lo señala el fundamento 15.3 de la sentencia T – 222 de 2004 “…La Corte arribó a dos conclusiones: (i) en principio no corresponde al juez constitucional intervenir en el contrato, por existir un juez natural. De manera que sólo procede la tutela contra la decisión de dicho juez; y, (ii) excepcionalmente, cuando se demuestra la falta de idoneidad del medio ordinario de defensa, cabría la tutela. En este caso, se demanda una mayor argumentación y carga probatoria y, además, demostrar que del contrato mismo se desprende la consecuencia violatoria de la Constitución”.

Las discusiones entre particulares que tienen su origen en la autonomía de la voluntad privada se constitucionalizan cuando se están vulnerando derechos fundamentales exigibles por intermedio del mecanismo de la acción de tutela, convirtiéndose en un área poco explorada por los Abogados quienes deberán argumentar, probar y demostrar en la mayoría de los casos la transgresión al derecho a la igualdad material; adicionalmente el constitucionalismo de las controversias contractuales exige que los Jueces constitucionales y la Corte Constitucional estudien de fondo las violaciones derivadas de los contratos entre particulares.

Algunos particulares sujetos del derecho privado que tienen o pueden tener una posición ventajosa o dominante en los contratos, están preocupados por su constitucionalización debido al grado de indeterminación que sus procesos de interpretación pueden ostentar; es decir el nerviosismo no radica simplemente en el desacuerdo metodológico referido a las fuentes del derecho sino también la oposición sustantiva en cuanto la constitucionalización ya que ésta puede resultar incompatible con la pretensión de proteger cuantiosos intereses económicos.

Tal como lo señala el profesor de la Universidad del Rosario Juan Jacobo Calderón Villegas[1] “El temor por la indeterminación y la contaminación se nutre de la experiencia constitucional reciente. La amplitud de las normas constitucionales así como la agenda redistributiva e interventora que se ha anudado a su interpretación, constituye una fuente suficiente de preocupación si se tiene en cuenta que algunas de las decisiones de la Corte son percibidas, en ocasiones, como inesperadas e incompatibles con las creencias del derecho privado.

Contrapuesto a lo anterior la mayoría de particulares sometidos al derecho privado consideran que el constitucionalismo de las controversias contractuales contribuye al fortalecimiento de sus relaciones y protege la reciprocidad entre las partes, coadyuvando a garantizar la igualdad y el respeto por los derechos fundamentales de la población.


[1] xa.yimg.com/kq/groups/18041107/587513844/name/Articulo (08 de abril de 2013)

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