El costo del parqueo de vehículos inmovilizados por orden judicial no es a cargo del afectado por esta

Era un aspecto recurrente el que después de todas las penurias por las que el colombiano caído en desgracia al serle retenido su carrito por orden judicial, bien en proceso civil o penal, luego de tortuosos años para pagar el saldito del crédito al banco, los intereses al agio, probar que no debía, o aclarar que no tenía nada que ver en el accidente que se le inculpaba,  por fin luego de interminables ires y venires suplicándole al déspota escribiente del juzgado, obtenía triunfante el oficio de entrega y cuando se dirigía al parqueadero donde había sido depositado para reclamarlo, se encontraba con una pesadilla más de su calvario….el “costo del servicio de  parqueadero” que en el mejor de los casos, venía siendo igual al valor del crédito pagado… servicio que al verificar entre cientos de chatarras, el suyo, igual que los demás antes y después, aun de modelito reciente estuvo a la intemperie permanente, desmejorado, desvalijado y se veía que necesariamente debía “meterle” otro tanto para ponerlo de nuevo a rodar, sin que hubiese poder administrativo, jurídico o legal para reclamar, optaba muchas veces resignado por dejar así para que al final, terminara, como venía siendo, vendido por partes y el resto ofertado al peso por chatarra, porque el parqueadero “nunca pierde” proclamaban ufanos Los Arias.

Ah negocio de los amos y señores de lotes de engorde convertidos en parqueaderos al servicio de la justicia que amparados en la libertad tarifaria de nuestros Municipios,  idearon- con algunas variables- para estos vehículos inmovilizados por orden judicial, un lóbrego sistema de cobro cinco estrellas –por tarifa no por servicio-, para el cual paradójicamente resultaron todos ser High Class [bajo techo, con sistemas activos y pasivos de seguridad, guardas armados, perros vigías… hasta con deshumidificadores] asemejando   los vehículos familiares  a camionetas, y estas a buses,  con una tarifa donde las dos  primeras semanas, corría por horas, las dos siguientes semanas por días, y  pasados los primeros 30 días, mensual al tope; obvio que en esta forma, con el solo primer mes, tiempo que mínimo tarda y sigue tardando cualquier diligencia judicial en liberarlo, ya el “servicio” ascendía al primer milloncito a pagar previo a retirar el carrito…

La pregunta sin respuesta era la misma, como puede el demandado o indiciado asumir costos de actuaciones que no fueron dispuestas por él..?, y si académicamente, lo consideráramos de este talante, como así que esas cargas dinerarias generados por el Estado, quedan no solo a libre voluntad de tarifa privada, sino que van a enriquecer a particulares..? Era un malestar general entre los Abogados que asistíamos inermes a este doble escarnio para nuestros clientes o consultantes, por lo que se tejía desde el litigio y la academia escueta formas de contingencia vía Acción de Tutela, que por muy poderosa que pareciere inspirar, siempre quedaban al albur de la interpretación elástica del juez de turno.

Algún rum rum llegó a oídos de ciertos Padrecitos de la Patria altamente interesados de estos negocios, cuando estando ya tímidamente definido el tratamiento de los vehículos inmovilizados por Orden Judicial en el Artículo 167 de la Ley 769 de 2002, o Código Nacional de Transito Terrestre: 

“…Artículo 167. Vehículos inmovilizados por orden judicial.Los vehículos que sean inmovilizados por orden judicial deberán llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial….”

ladinamente se miquió el Inciso 1º del Artículo 128 de la Ley 769 de 2002:

Artículo 128. Mecanismo de subasta de vehículos abandonados. Los organismos de tránsito podrán disponer de los vehículos inmovilizados por infracciones en los parqueaderos autorizados a través del procedimiento de pública subasta, con arreglo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en un término no inferior a un (1) año, excepto aquellos casos pendientes de un proceso judicial, en los cuales los organismos de tránsito particulares podrán solicitar que se incluyan, como costas procesales, el valor de servicios de parqueadero. El Ministerio de Transporte expedirá el procedimiento para llevar a cabo lo establecido en el presente artículo.

,así los dichosos dueños de los lotes de engorde, sabientes como todos, que los organismo de transito no tenían parqueaderos propios, corrieron a formalizarse ofreciéndose de manera gratuita o ridículamente onerosa como “parqueaderos de transito”- o tal se les conoce en los pueblos “patios de transito”- salvando así el pellejo de más de un Secretario,  quienes bajo el criterio de la selección objetiva y la oferta más económica en una situación de urgencia manifiesta, aceptaban a diestra y siniestra, convirtiendo a estos generosos oferentes, en millonarios  a cuesta de los infortunados colombianos cuyos carritos resultaban inmovilizados por orden judicial.

Y entonces, lo que en principio se estimó como algo de mera instrumentación por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, ante su absoluta incompetencia, apatía, ineficiencia, e infuncionalidad que en ese entonces se había vuelto un ocho con la “Oficina de Notificaciones” –como ahora con las “Secretarías Comunes”- en tanto si tampoco podía administrar el papel para la labor diaria de los juzgados, como demonios iba a administrar parqueaderos,  terminó en que aquella se hiciera la de la vista gorda tirando la pelotita al Ministerio de Transporte para que expidiera un procedimiento que nunca expidió, en la consolidación una vez más del desagradable aforisma cima de la ineptitud: “ las cosas marchan bien hasta que a alguien se le ocurre mejorarlas”, permitiendo que los parqueaderos para estas vicisitudes  funcionaran como hasta siempre lo estaban haciendo, enriqueciendo a unos pocos, pero ahora ya,  con el soporte legal del Artículo 128 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, torciéndole el pescuezo a la expresión “…organismos de tránsito particulares   …” ampliándola a que actuaban como parqueaderos particulares de organismo de transito y entonces, sus “servicios” debían incluirse “como costas procesales”, tal lo mandaba la ley.

Que recuerde, en más de 20 años de practica profesional no he conocido, por lo que estoy absolutamente seguro, que NINGUN proceso civil o actuación penal incluyó este “…servicio como costa procesal...” en los términos de los Artículos 392 y 393 del C. de P.C., como en ningún otro entendido, toda vez que, de una parte, para que un gasto judicial se tenga como costa procesal debe ser cubierto por la parte avante en el juicio, de otra,  tiene que estar previamente acreditado en el proceso para ser tenido en cuenta, y la más escabrosa, si el demando salía airoso, no sería condenado en costas… al margen, pero no menos significativa, que en los averiguatorios penales, la institución de las costas procesales es totalmente ajena a estos.

Precisamente ese malestar en el gremio que refulgía en Acciones de Tutela incipientes negadas repetidamente en ambas instancias, que nuestra propia convicción desde el litigio en cuanto que “…el abogado es un hombre de bien siempre dispuesto a hacer triunfar la justicia; es el protector  intrépido de la inocencia; es el formidable vengador de la inequidad!...”  requirente de Jueces Estudiosos, Inteligentes y Valientes para ser completa la ecuación, nos llevaba a continuar en el intento, hasta que en celebre fallo de 20 de diciembre de 2000, el Juez Sexto Penal Municipal de Bogotá CONCEDIO una Acción de Tutela en Contra del Parqueadero Los Arias de Fontibón que cobraba tal cual, una exorbitante suma de dinero, como era su costumbre, a un ciudadano absuelto en investigación penal que había requerido de la inmovilización de su vehículo, fallo que en principio fuera  revocado el 30 de enero de 2001 por el Juez 24 Penal del Circuito de Bogotá nos volvió atrás, pero que, en escrutinio de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, el 18 de septiembre de 2001, con ponencia del H. Mag. Rodrigo Escobar Gil, a su vez, revocó el fallo del Juez 24 Penal del Circuito, concediendo la Tutela de manera definitiva sentando por primera vez un hito en esa lucha.  [Ver Sentencia T-1000/01]

Logro que al  ser individual con efectos ínter partes, desde entonces, doce años después aun es de lucharlo a pulso caso a caso, sometido al mismo albur, “que no es doctrina o jurisprudencia obligatoria de la corte”, “ que las condiciones no son las mismas”, “ que fue un caso excepcional”, “que era en un caso de la justicia penal y no civil” “que impugne y el superior revoque”, entre muchos disparates nugatorios de toda suerte  de jueces timoratos insulsos y no pensantes, con solo una que otra aquí si, que excepcionalmente se concedía, o funcionaba, por decirlo coloquialmente.

Pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, afortunadamente, cesó la horrible noche y la pesadilla ha llegado  a su fin con la expedición de la Ley 1730 de 29 de Julio de 2014, que en solo dos artículos, al sustituir el Artículo 128 de la Ley 769 de 2002, de un plumazo, para aceptar un término de general uso despectivo, reglamentando la Declaratoria Administrativa de Vehículo en Abandono, consagró en el Inciso 10º del sustituido Artículo 128 de la Ley 769 de 2002, que:

 “…El anterior procedimiento no será aplicado a los vehículos que hayan sido inmovilizados por orden judicial, los cuales seguirán el procedimiento señalado por la ley, caso en el cual la autoridad judicial instructora del proceso respectivo tendrá que asumir el costo del servicio de parqueadero y/o grúa prestado hasta el día que el vehículo sea retirado del parqueadero…”

Con lo que, desde el 29 de julio de 2014 y en adelante, ya con un nuevo mandato legal, la inoperante Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, como “…órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial…” TENDRA , ya sin excusa o interpretación alguna que “asumir” dicho costo y no volverá a ser asumido, ni luchado no asumir por quienes resulten afectados por órdenes judiciales, aunque con una reflexión punzante que no podemos dejar de interiorizar:

si no hay plata para implementar la justicia oral, será que irá haberla para pagar parqueaderos…?

Así que, siendo un problema no del usuario sino de la Administración,  la invitación desde esta Tribuna es a ejercer pronta y férreamente esta facultad ya no por vía de Tutela sino por plena invocación legal de orden público y obligatorio cumplimiento para todos los jueces y fiscales de la República.

Pueda ser que no despertemos de este placido sueño y en unos días “se caiga” por exceder el legislativo las facultades reglamentarias. No faltará alguno de los dueños de parqueaderos afectados por esta Ley que leguleyamente demande la constitucionalidad de la norma arguyendo que pues resulta y pasa que nuestras autoridades judiciales no son “instructoras” sino falladoras…  o al menos si es que “instruyen” lo hacen en lo penal y no en lo civil… jajajajajajajajajaja… amanecerá y veremos!!!

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41 Opiniones
  1. ramiro barbosa neira dice:

    Saludo Respetuoso. A más de lo valioso, didáctico e interesante que resultó para quien ante Usted se dirige, el tema sobre inmovilización de vehículos; resulta de importancia suprema, resaltar del autor, la honestidad que emana de su escrito, el gran conocimiento sobre el tema y la acertada crítica que hace sobre nuestra legislación y responsabilidad de los servidores públicos. Lo anterior sin incluir el gran manejo de la gramática en todo su contexto. Composición diáfana, agradable y pulcra. Felicitaciones.

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