El derecho de petición entre la crisis, el limbo y la incertidumbre

Recordemos que la Sentencia C-818 de 2011 que no obstante declaró la inexequibilidad de los Artículos 13 a 20 de la Ley 1437 de 2011 o nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que pretendían regular el Derecho Constitucional Fundamental de Petición, y que según la Corte Constitucional debía estar sometido a una Ley Estatutaria siguiendo lo dispuesto en el literal a) del Artículo 152 de la Constitución Política para los derechos fundamentales, difirió los efectos de dicha declaratoria hasta el 31 de diciembre de 2014 dándole un prudente compás de espera de más de 3 años al legislativo para que tramitara la Ley Estatutaria correspondiente.

Es asi como agotado el plazo otorgado, por normales, obvias e inveteradas costumbres, nuestros padrecitos de la Patria apenas medio cumplieron con el encargo y aun como mero Proyecto de Ley Estatutaria 065 de 2012 Senado – 227 de 2013 Cámara ya con control automático de constitucionalidad [Sentencia C-951 de 2014], aún está para la firma del presidente quien por estar de turismo por las Europas y en pelea de comadres con el Procurador, no ha siquiera considerado sancionarlo.

En este orden de ideas, si Artículos 13 a 20 de la Ley 1437 de 2011 que regulaban el Derecho de Petición, quedaron absolutamente sin efectos en medio de los abrazos y palmaditas en el hombro de la noche de año nuevo de 2015, desde entonces como el dueño del circo sigue de gira, los payasos andan de fiesta sin preocupación alguna frente a las cientos derechos de petición que a diario tramitan los ciudadanos en ejercicio quizá de uno de los más preciados y rescatables medios de ejercicio popular de la democracia que obviamente, como todo lo de este país, tarde o temprano tenía que entrar en declive.

Y es que han transcurrido los 10 y 15 días que según el caso las entidades públicas y particulares obligados, tenían para contestarlos y los más osados simplemente se limitan a  responder “… está en turno…,” “…porque en virtud de la Sentencia C818 de 2011 no hay regulación aplicable…”, y los jueces, ah como siempre, por el camino deplorable más cómodo, haciendo gala de sus marrulleros recursos tienen ya el formato preimpreso de uso generalizado para negar las Tutelas haciendo eco del mismo argumento, cuando su obligación moral,  su deber, su función constitucional y legal, es la administrar pronta y cumplida justicia aunque no hubiese norma que resultare aplicable.

En medio de esa nueva crisis, el Ministro Reyes, entre las pocas cosas que se le ocurren, elevó en tres preguntas, Consulta al Consejo de Estado sobre la normativa aplicable al derecho de petición, que  se pronunció a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, emitiendo el Concepto 11001030600020150000200 {(2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas}, que como concepto, NO OBLIGA a ninguna entidad o funcionario público, es decir quien lo quiera tomar bien, asume  la zombificación  –si se nos permite el termino-  puntual de los Artículos 5º a 26, y 40 a 42 del Decreto Ley 1 de 1984;  para quien no, ah que bueno no existen términos que nos agobien, y la respuesta a su petición, “sigue en turno”.

Al efecto compartimos estricta e íntegramente las respuestas del Consejo de Estado:

1. "¿Cuál es la normatividad aplicable para efectos de garantizar el derecho fundamental de petición? 

La normatividad  aplicable  en la actualidad  para garantizar  el derecho  de petición está  conformada   por  las siguientes  disposiciones:   (í)  la Constitución   Política,  en especial sus artículos  23 y 74; (ii) los tratados  internacionales  suscritos  y ratificados por Colombia  que  regulan  el derecho  de petición,  entre  otros  derechos  humanos; (íií) los principios   y las normas generales  sobre el procedimiento  administrativo,  de la  Parte  Primera,  Titulo   I  del  Código  de  Procedimiento   Administrativo   y  de  lo Contencioso   Administrativo    (Ley  1437  de  2011),  asi  como  las  demás  normas vigentes  de dicho  código  que  se refieren  al derecho  de petición  o que,  de una u otra  forma,   conciernen   al  ejercicio   del  mismo  (notificaciones,   comunicaciones, recursos,  silencio  administrativo   etc.);  (iv)  las  normas  especiales   contenidas  en otras  leyes  que  regulan  aspectos  específicos  del  derecho  de  petición  o  que  se refieren  a  éste  para  ciertos  fines  y  materias  particulares;   (v)  la jurisprudencia vigente,   especialmente    aquella   proveniente   de   la  Corte   Constitucional   y  del Consejo  de  Estado,  y  (vi) entre  el  10   de  enero  de  2015  y  la fecha  anterior  al momento  en  que  empiece  a  regir  la  nueva  ley estatutaria  sobre  el derecho  de petición,  las normas  contenidas  en los capítulos  11,  111,  IV, V, VI Y parcialmente  el VIII  del  Decreto   Ley  01  de   1984,  por  medio  del  cual  se  expidió   el  Código Contencioso   Administrativo,    en  cuanto   ninguna   de  tales  disposiciones    resulte evidentemente   contraria   a  la  Carta  Política  o  a  las  normas   del  CPACA  que permanecen  vigentes. 

2. ¿Operó la reviviscencia de las normas que regulaban el derecho de petición en el Código Contencioso Administrativo, en particular si se tiene en cuenta que dicha norma fue derogada por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011?  

Sí. Conforme  a lo explicado  en este  concepto,  desde  el  1° de enero  de 2015  y hasta fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, se presenta la reviviscencia de las mencionadas disposiciones  del Código Contencioso  Administrativo  (Decreto  Ley 01 de 1984).  

3. En caso de que el artículo 309 de la Ley  1437 de 2011 impida  que opere dicho fenómeno,     ¿resulta    procedente    aplicar    la   figura    de    la    excepción    de inconstitucionalidad   respecto   del  artículo  309  de  la  Ley   1437  de  2011,  con fundamento  en que se trata del ejercicio del derecho fundamental  de petición?"  

La Sala  considera  que  lo  dispuesto  en  el  artículo  309  de  la  Ley  1437  de  2011 (CPACA), en cuanto derogó expresamente el Decreto Ley 01 de  1984, no impide aceptar que las normas de dicho  decreto  que  regulaban  específicamente  el derecho de petición revivieron en los términos en que se ha explicado. Adicionalmente, la Sala estima que no se dan los presupuestos para aplicar la excepción  de inconstitucionalidad   en  relación  con esta  parte  del  artículo  309 del CPACA.

MÁS SOBRE

Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.

Siéntase libre de opinar

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.