El formato único de hoja de vida para la celebración de contratos con el estado colombiano

En algunos procesos de contratación estatal, dentro de los requisitos de participación se establece el suministro del formato único de hoja de vida emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este requerimiento es de carácter legal y algunas veces es obviado por las entidades estatales.

Según la Ley 190 de 1995, establece en su artículo 1 que:

“…ARTÍCULO 1o. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita…”. (Subrayado y resaltado fuera de texto)

El texto resaltado exhibe una obligación legal para suministrar debidamente diligenciado el formato único de hoja de vida. Esta norma fue interpretada y desarrollada de manera amplia, buscando la inclusión de las personas naturales y jurídicas.

Sin embargo, se presentan dos escenarios identificados sobre este tema:

  1. Algunos servidores públicos, consideran que al efectuar un análisis simple de la norma citada, específicamente de la palabra “aspirante”, destacan que es deber de la administración entender ésta, como un sinónimo de “proponente”, convirtiendo este formato en un requisito habilitante de participación en los procesos de selección.
  2. Para otros, la norma se encuentra dirigida sólo a quien vaya a celebrar el contrato, es decir, la persona (natural o jurídica) que luego de haber concluido la etapa de evaluación, sea identificado como el proponente habilitado con la propuesta más favorable, quien se encuentra obligado a diligenciar y suministrar el formato único de hoja de vida.

Pero la situación de mayor significancia, es aquella en la cual la entidad estatal no solicita dicho documento, desconociéndose la razón por la cual se obvia la aplicación de esta norma.

Como medida anticipatoria, algunos proponentes diligencian y suministran este documento en todos aquellos procesos de selección pública en los que participen, así no se encuentre dentro de los requisitos exigidos por la Entidad Estatal.

Podría considerarse que falta mayor claridad jurídica sobre esta obligación y el alcance de esta normatividad, en especial para determinar si cobija o no a las personas jurídicas proponentes que participen en procesos de contratación para venta y suministro de bienes, prestación de servicios de mantenimiento de muebles e inmuebles, desarrollo de obras civiles, entre otros.

Ante lo expuesto y mientras exista mayor desarrollo legal o jurisprudencial sobre el tema, es importante que en mi rol de proponente, suministre toda la documentación que evite “rechazos” injustificados por parte de las entidades estatales.

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